El derecho a la lengua materna

Actualizado el 21/02/2017, 09:54 a.m.

P eru suyunćhu awki llukunap limayninkuna 47 limaykunam kayan, 4’000,000 malkamasinchikunap limaśham hillkaśham kayan. Ama unhaychu: Lliwpis ćhaniyu limaykunam*. Probablemente, al terminar de leer esta oración escrita en el quechua proveniente de la región Junín, ha de sentir algo de desconcierto, y ahora un alivio al volver a comprender este texto, escrito en su lengua materna. Sin embargo, en nuestro país, alrededor del 13% de la población siente todos los días la desazón de no poder recibir servicios públicos, como educación, salud y justicia, en su propia lengua y verse obligada a aprender el español por temor a la discriminación. Es por eso que hoy, 21 de febrero, se celebra el Día de la Lengua Materna en muchos países del mundo, como una forma de defender el derecho a la diversidad lingüística y cultural.

EL ORIGEN DE ESTA FECHA. Aunque la Unesco proclamó este día en el año 2000, su origen se remonta a un tiempo y lugar más lejano. En el año 1952, la Policía y el Ejército del Estado pakistaní, que en ese entonces ocupaba la actual Bangladesh, abrieron fuego contra una multitud de protestantes, hablantes de la lengua bengalí, que exigían sus derechos lingüísticos; es decir, que su idioma sea reconocido como lengua oficial para la enseñanza en las escuelas y su uso en la administración pública. Su objetivo se logró en 1956.

VOCES DEL PERÚ. Agustín Panizo, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, menciona que esta fecha es muy importante porque los hablantes de lenguas indígenas u originarias han sido discriminados por una sociedad que solo considera al castellano como la única lengua válida.

“La lengua materna es aquella con la que comenzamos nuestra relación con el mundo, y dejar de hablarla es un poco dejar de ser uno mismo, en toda su dimensión de identidad cultural. En el año 2011 se aprobó la Ley de Lenguas Indígenas, en la que se menciona que los servicios públicos se deben brindar en la lengua de los hablantes. Fue reglamentada en 2016, convirtiéndose en un gran avance para la sociedad actual. Si bien la ley no incluye sanciones, las instituciones, al no cumplir con esto, vulneran derechos y acarrea una falta administrativa”, finalizó Panizo.