:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
El reciente Proyecto de Ley N.º 11228/2024-CR, emitido por el Congreso de la República, plantea una reducción progresiva del IGV desde el 2026 hasta el 2028. La propuesta establece una baja gradual del 18% actual a un 15% en el primer año, subiendo luego un punto porcentual por año hasta volver a su tasa actual en 2029. Esta medida viene acompañada de un incremento temporal del Impuesto a la Renta empresarial en un 1%, aplicable entre el 2026 y el 2030.
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De aprobarse, la norma aplicaría a personas naturales o jurídicas de todos los sectores productivos, con excepción de los grandes grupos económicos y sus empresas vinculadas. El objetivo sería dinamizar la economía a través de un alivio tributario al consumo, sin dejar de asegurar ingresos para el Estado. No obstante, expertos alertan sobre los riesgos fiscales y de recaudación que podrían derivarse si no se compensa adecuadamente la reducción del IGV.
Según cifras de la SUNAT, el IGV generó S/ 88,417 millones en 2024, representando más del 50% de la recaudación nacional.
“Reducir el IGV en tres puntos porcentuales sin una estrategia sólida de compensación podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país”, advierte John Ruiz, director de Asesorías de GARC Asesoría Empresarial.
Luego, indicó que “no basta con subir temporalmente el Impuesto a la Renta empresarial. Es fundamental analizar con evidencia si ese ajuste será suficiente para cubrir el vacío tributario que dejará la medida”.
El especialista recomendó que la propuesta sea sometida a un debate técnico y político antes de su eventual aprobación.
“Es vital que las políticas tributarias estén alineadas con la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad macroeconómica del Perú. Toda reforma impositiva debe considerar no solo sus efectos en el corto plazo, sino también su impacto estructural en el presupuesto público y la inversión privada”, refirió Ruiz.
El proyecto se encuentra aún en etapa inicial y deberá pasar por la Comisión de Economía del Congreso para su análisis. Diversos gremios empresariales y tributaristas han solicitado que se convoque a mesas técnicas de discusión antes de cualquier votación.
