Capeco espera que el Gobierno realice “ajustes en los subsidios habitacionales”

Humberto Martínez, presidente del consejo directivo de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), realiza un balance del desempeño de la actividad constructora en el país y también sugiere algunas de las medidas que podrían contribuir con su reactivación.

En octubre, el sector construcción fue uno de los que más creció, ¿qué factores han resultado claves para sustentar este desempeño?

La construcción ha acumulado un segundo mes de crecimiento, después de seis meses de fuerte retroceso. Muy probablemente, en el mes de noviembre también haya un incremento que está sustentado, en una parte significativa, en la dinámica de la construcción informal que, por las cifras de empleo informal y los datos de venta de materiales de construcción en este segmento, reflejan que ha sido mucho menos afectado en su nivel de actividad que la construcción formal.

¿Cuáles son los subsectores que más han contribuido con el resultado positivo?

Por el lado del mercado inmobiliario, sobre todo el vinculado a la vivienda, ha habido un fuerte repunte desde la caída muy fuerte que hubo en abril. En adelante creció sostenidamente a un ritmo de más o menos 30% mensual y, en este momento está creciendo 20℅ menos con relación a lo que crecía antes de la pandemia, lo que significa una recuperación muy importante en este segmento. Donde hay más dificultades para recuperarse es en el avance de la obra pública, a pesar de que en octubre creció 3%, acumula diez meses de situación dura y refleja una caída de más o menos 37% respecto a los diez primeros meses del 2019.

¿Qué expectativas para el cierre del 2020?

Las expectativas son de una caída de alrededor de 20% con una tendencia a la mejora, probablemente. En un inicio se esperaba una contracción por encima del 30%, pero es evidente que la situación del sector construcción no ha sido tan dura como se pensó en un principio. Ha habido un fuerte proceso de recuperación y aunque con cifras a noviembre experimentamos una caída fuerte, muy probablemente la cifra final esté por debajo de 20%, entre 15% y 20% de contracción.

Para el próximo año, ¿cómo se comportaría el sector?

El próximo año va a haber una recuperación muy probablemente de dos dígitos. El Ministerio de Economía (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) pronostican que va a haber una recuperación también de alrededor de 23%. Sin embargo, eso está sujeto a varios factores coyunturales y estructurales.

¿Comparten esas expectativas de crecimiento?

Nosotros creemos que se va a crecer a dos dígitos probablemente, pero todavía hay mucha incertidumbre para que el próximo año se pueda llegar a esa “V” perfecta que plantean las cifras oficiales.

¿Por qué creen que eso pueda fallar?

Primero, por cuestiones generales. No sabemos si va a haber un control rápido de la pandemia, si va a haber una segunda ola fuerte y si va a poder ser matizada. No tenemos claro cuándo es que vamos a tener la vacuna y eso sugiere que hay, primero, una situación de restricción de las actividades productivas, que esperamos no sea del mismo nivel que se planteó para la construcción en los tres primeros meses de emergencia, porque esa restricción genera un menor interés en inversiones de largo plazo que son el sustento de la compra de viviendas o de las decisiones de inversión.

¿Y la incertidumbre política?

Precisamente, el segundo problema es el de la incertidumbre política. Finalmente, no sabemos quién va a salir electo y eso también puede generar incertidumbre. Es muy prematuro todavía para saber si es que se van a controlar estos procesos de manera adecuada. Esto puede naturalmente bajar las expectativas y quizá sean menos ambiciosas de lo que se están planteando. Y, también tenemos problemas propios del sector que pueden generar que las cifras fluctúen hacia abajo.

¿Qué decisiones debería tomar el Gobierno para evitar que la coyuntura electoral del próximo año afecte las pretensiones de crecimiento del sector?

Primero, se debe asegurar que los recursos destinados a subsidios habitacionales, tanto del programa Techo Propio como de Mivivienda, puedan alcanzar, al menos, los niveles que se prevén invertir este año. En el presupuesto general del 2021 se ha considerado una cifra que es la mitad de la inversión que se ha hecho este año.

¿Qué implicancias traería esta decisión?

Si va a haber la mitad de subsidios, obviamente, va a haber la mitad de venta y eso sí sería fatal. Esto hay que resolverlo rápidamente, el presupuesto ya ha sido aprobado y no se puede cambiar. Pero en el primer trimestre se tendrían que dar los ajustes presupuestales para asegurar que este año tengamos, cuando menos, la misma cantidad de subsidios que el año pasado. Adicionalmente, necesitamos asegurar que las empresas contratistas del Estado puedan acceder a mecanismos de fianzas u otros para poder garantizar la continuidad de las obras.

¿Qué ha estado pasando en ese sentido?

Los bancos están siendo muy restrictivos y muy reticentes para otorgar financiamiento a los contratistas del Estado, en razón de la variabilidad y volatilidad de las decisiones del Estado que no permiten saber cuándo culminan las obras y, sobre todo, cuál va a ser el costo final. Hay muchos conflictos que demoran en resolverse porque van a arbitraje. Frente a eso, la actitud de los bancos ha sido últimamente de retraerse y no entrar a este tipo de financiamiento con contratistas del Estado.

¿Cuál es la propuesta de Capeco para resolver ese problema?

Proponemos que Cofide, como entidad financiera del Estado, pueda ayudar constituyendo fideicomisos para la gestión de toda la obra pública. Actualmente, los fideicomisos están solamente para los adelantos, pero tampoco los bancos y las empresas fiduciarias están interesados en entrar en fideicomisos con obras del Estado.

Cofide podría actuar como un agente de gestión de fideicomisos y, además, el Gobierno tendría que plantear que estos fideicomisos sean sobre toda la gestión de la obra y no solo sobre los adelantos. También, Cofide podría dar garantías colaterales o gestionar directamente en los flujos de las obras para poder motivar a las instituciones financieras a que hagan lo mismo.

No hace mucho, ustedes también hablaron sobre la posibilidad de una especie de “Reactiva Vivienda”, ¿qué implicancias tiene esa propuesta?

La implementación de “Reactiva vivienda” es necesaria para que las obras de proyectos de vivienda social, sobre todo, no se detengan por las dificultades que se están presentando en la preventa de los proyectos.

¿A cuánto ascendería el financiamiento que debe destinar el Gobierno para este fin?

Implicaría un financiamiento de alrededor de S/ 600 millones que irían directamente a las obras. Además, hay un 63% de oferta de vivienda en Lima Metropolitana que se encuentra en planos y en el interior del país es superior, sin duda. Esta oferta en planos no se activa porque la preventa es muy difícil. Lo que se está vendiendo ahora son esencialmente proyectos que tienen un estado muy avanzado en la construcción.

Otro de los puntos en los que Capeco ha incidido mucho es el tema de las autorizaciones, ¿se ha avanzado al respecto?

En Capeco creemos que el Gobierno debe poner orden en los procesos de autorizaciones y licencias municipales, porque hay mucha controversia respecto a la aplicación de normas técnicas y administrativas. Y, por ello se están rechazando proyectos y, lo que es peor, se están anulando licencias. En el caso de las obras públicas sobre todo en el interior del país, se está retrasando la ejecución de proyectos por el cumplimiento de sobreexigencias sanitarias, más allá de lo que exigen los protocolos aprobados por el Gobierno.