De nada sirve recavar información alrededor de la minería ilegal para combatirla si no se concretan en hechos, señala el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo. En diálogo con Correo dijo que la reducción de hasta casi 40% del presupuesto se refleja en una menor intervención policial militar contra esta actividad ilícita.
¿La minería ilegal está ganando espacio a pesar de que se la vincula con el crimen organizado?
Existe la Comisión Multisectorial para la formalización minera, pero más allá de hablar a quiénes involucrar en esta lucha, la clave es qué acciones tomar, si estarán vinculadas a un presupuesto, si la estrategia tendrá acciones concretas y plazos para verificar si se avanza o no en su cumplimiento. De nada sirve que se sienten a conversar, se necesitan acciones, hitos concretos vinculados a presupuesto. La Comisión Multisectorial tiene dos o tres personas, en PCM no hay un gran presupuesto para combatir la minería ilegal. El presupuesto que tenía se ha reducido casi 40% en términos reales.
¿La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Sunat?
El mayor rol que pueden tener la Sunat, la UIF y la Sucamec es de inteligencia. ¿Qué hacemos con los informes de la UIF que reportan miles de millones de transacciones sospechosas? ¿Cuántas personas tenemos presas? ¿Cuántas organizaciones delictivas se han eliminado? O de la información que tiene la Sunat. De nada sirve detener camiones con insumos químicos no registrados. Pero, ¿de dónde salieron los insumos químicos, los explosivos? ¿Quién les está pagando? ¿Dónde se están almacenando?¿Quiénes son los intermediarios? Si no enfocamos un trabajo de inteligencia, se celebrará por nada.
¿Que los informes no se queden en los papeles?
Urge que se hagan acciones de interdicción de forma consistente. La última fue en 2019, con la operación Mercurio (control policial y militar contra el tráfico de mercurio en Madre de Dios). Desde entonces el presupuesto se ha reducido y no hay intervenciones de envergadura. También es importante la información que se recava alrededor de toda la cadena involucrada en esta actividad, pero ¿qué se ha hecho con ella? Se necesita presupuesto para aprovechar la información y trabajarla con inteligencia militar y policial.
¿Falta una estrategia integral?
Coincido que es necesario una estrategia integral. El IPE presentó una estrategia integral de seis acciones. El Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) es una parte; la Comisión Multisectorial es otra parte. Se debe hacer interdicciones de forma consistente, utilizando más inteligencia. Se tiene que finalizar al Reinfo, se necesita un proceso de formalización con un acompañamiento adecuado. Tercero, se necesita aplicar una trazabilidad, tenemos el REPCO (Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro) y se sabe que hay 12 mil procesadoras. La fiscalización en la cadena de exportación debe empezar por estas plantas. El IPE estima que en 2024, Perú exportó cerca de 92 toneladas de oro ilegal, casi 20% más de nuestro estimado para el 2023 (77 toneladas). Equivale a $7,000 millones, 46% más que en 2023 (por mayores precios). Estos montos no consideran lo que sale por contrabando por Bolivia, no tenemos un estimado.
¿Otras propuestas?
La cuarta tiene que ver con actividades productivas alternativas, parecidas a Devida, que trabajan para reemplazar el cultivo de coca por otros productos rentables, como café. No se trata de cerrar la actividad con la cual miles de mineros artesanales e informales se ganan el sustento, sino se trata de acompañarlos, plantear actividades alternativas viables, el Estado tiene que llegar con servicios. Las últimas dos tienen que ver con la Comisión Multisectorial, que debe tener estrategia con acciones concretas, con presupuesto. El problema es que no hay acuerdos para endurecer los requisitos que aseguren que el oro que se recibe es legal.
