La Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene entre manos un dictamen, resultado de tres predictámenes de igual número de proyectos de ley, que busca modificar seis artículos de la Ley General de Minería (LGM).
El martes pasado pretendió aprobar el dictamen cuyo objetivo es revocar las concesiones si no se explotan en 5 años, advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Poner en operación un proyecto minero, desde su descubrimiento hasta la producción, toma más de 10 años.
Es decir, los mineros ilegales, al amparo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), tendrían más concesiones para tomar.
En carta que dirigió al presidente de esa comisión, Paul Gutiérrez, la directora ejecutiva de la SNMPE, Angela Grossheim, indicó que de si se aprueba la propuesta generaría un grave impacto en la competitividad del sector .
Sobrecosto. Agregó que no consideran que Perú ya enfrenta costos muy altos para mantener una concesión minera en comparación, “además de una carga fiscal efectiva que oscila entre 45% y 50%, según estudios económicos realizados en el país. En este contexto, aplicar nuevos incrementos sin justificación técnica solo agrava la carga financiera del sector”.
Al respecto, Daniel Palomino, abogado especializado en el tema minero, refirió a Correo que una medida como la que se está proponiendo, “definitivamente ahuyentaría la inversión minera formal y abriría las puertas a una nueva ola de invasiones por parte de los mineros ilegales. Todos sabemos que debido a la burocracia, la tramitología ambiental y los conflictos sociales es casi imposible poner un proyecto en construcción en ese plazo. Por estas razones, en el 2017 se extendió el plazo de vigencia de las concesiones mineras a 30 años”.
