En octubre del 2022, se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que autoriza iniciativa de gasto al Congreso, lo que está generando un incremento del gasto público con visos de perforar la caja fiscal (fondos públicos).
En su oportunidad, el Consejo Fiscal (CF), en un comunicado, dio a conocer su preocupación por la interpretación adoptada por el TC referida a la prohibición constitucional de iniciativa de gasto de parte del Congreso.
El TC justificó su Sentencia 984-2021, del expediente 00018-2021-PI/TC, señalando que se limitaría únicamente a aquellas iniciativas que afecten el presupuesto vigente y no a las que generen gastos para años posteriores. Lo que no sería así porque las leyes aprobadas por el Congreso del quinquenio actual están comprometiendo el futuro de las generaciones posteriores, según el CF.
Y el tiempo le está dando la razón al CF que, en su primera conferencia de prensa, alertó ayer al país de las consecuencias negativas de las medidas adoptadas por el actual Congreso, que en lo que va de 2025 ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso, más de tres veces el promedio de lo aprobado en periodos anteriores.
Alonso Segura, presidente del CF, señaló que de esas 229 leyes, 101 fueron aprobadas por insistencia (tras ser observadas por el Ejecutivo) y comprometen S/ 35,795 millones por año, suma que podría incrementarse en el curso de la última legislatura, periodo 2021-2026, considerando que el país está entrando en una etapa electoral y que muchos congresistas pretenden acceder a una curul, como diputado o senador, para el periodo 2026-2031.
Explicó que la interpretación del Congreso del fallo del TC sobre la iniciativa de gasto ha sido determinante en el enorme crecimiento de leyes con impacto fiscal.
“El Consejo Fiscal considera que el TC podría evaluar incorporar criterios de equilibrio presupuestario, sostenibilidad fiscal y coordinación (previa vinculante) con el Ejecutivo para cualquier iniciativa que genere gasto público. También que invite al Consejo Fiscal como amicus curiae (amigo del tribunal) en demandas sobre la materia”, recomendó.
Corresponsabilidad
Segura comentó que el incremento del gasto público no solo compromete al Congreso, sino también al Ejecutivo, que desde el 2021 decidió, mayoritariamente, no observar leyes ni acudir al TC
En ese sentido, indicó que de las 229 leyes aprobadas por el Congreso, 128 fueron aprobadas por el Ejecutivo sin ningún reparo, es decir, no las observó a pesar de tener impacto fiscal adverso.
“Muchas normas se promulgaron sin estimaciones de su costo fiscal ni revisión de la Comisión de Presupuesto del Congreso”, dijo por su lado Diego Macera, integrante del colegiado del CF.
De las 229 leyes aprobadas, solo tres fueron llevadas al TC. Es decir, el Ejecutivo dejó pasar la oportunidad de apelar leyes que claramente estaban yendo contra la corriente de las reglas fiscales.
Pero lo que más preocupa es que existe en trámite unas 352 iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso. De ellas, 274 proponen mayor gasto, 50 afectan ingresos y 28 inciden en los recursos de gobiernos subnacionales.
De ese total de iniciativas, las 10 más costosas tendrían un costo fiscal anual de S/ 25 mil millones. Entre ellas está el incremento de la pensión de los profesores jubilados (S/ 5,670 millones); el nombramiento de profesores de la educación básica regular (S/ 4,568 millones) y la homologación de remuneraciones de trabajadores CAS con otros regímenes (S/ 4,024 millones).
Déficit fiscal
Por ello, Segura advierte que existe un alto riesgo de que se incumpla nuevamente la regla del déficit fiscal, es decir, que el país gaste más de lo que sus ingresos le permite y se perforen los ingresos fiscales.
Manifestó que esta situación no es buena para los peruanos porque se estaría comprometiendo las finanzas del país y la atención en servicios básicos de las futuras generaciones.
Entre las leyes aprobadas que generan mayor costo fiscal están: La N.° 31495, que dispones el pago de la bonificación de clases para docentes (S/ 40,561 millones); la N.° 32387, que dispone el incremento del Fondo de Compensación Municipal conocido como Foncomun y destina 2% más del IGV a las municipalidades (S/ 8,500 millones).
“La implementación de leyes e iniciativas en trámite generaría que el déficit fiscal se incremente 5 puntos porcentuales (p.p.) del Producto Bruto Interno (PBI) por encima del escenario del Marco Macroeconómico Multianual o MMM (que estima 1%)”, según informó el CF en su página web.
Cabe recordar que el saliente ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, señalaba que el objetivo del gobierno (de Dina Boluarte) era cerrar el año 2025 con un déficit fiscal de 2.2% del PBI.
Deuda pública
Ante la alta demanda del gasto público generada por las leyes del Congreso del presente quinquenio, una salida para atender los compromisos es que el país recurra al endeudamiento porque, señala Segura, el ciclo de los precios altos de los metales, principalmente, no es eterno.
Entonces, cuando ese súper ciclo termine, los ingresos del fisco serán insuficientes y el gran riesgo es que la deuda pública se dispare.
Según la simulación del CF, la deuda pública puede duplicar la cifra actual y alcanzar el 70% del PBI, dentro de 10 años
Es decir, según el presidente del Consejo Fiscal, aún si la economía creciera 5% anual en los próximos años o haya una reasignación presupuestal, la deuda pública mantendría una trayectoria ascendente, con niveles de entre 59% y 75% del PBI en el horizonte de 2036.
Ahorros
En tanto, Carolina Trivelli, colegiada del CF, señaló que mucho de los gastos que genera el Congreso son duros porque permanecerán en el tiempo y hay que atenderlos, haya o no haya ingresos.
Sin embargo, alertó que esos gastos están al margen de las emergencias que suele pasar en el país como fenómenos naturales (lluvias, sismos) y crisis sanitarias, como el Covid 19.
En ese sentido, Alonso Segura señaló que el país “está perdiendo sus ahorros” y una muestra son los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que antes de la pandemia del Covid 19 tenía el equivalente al 4% del PBI, mientras que en la actualidad es solo de 1%.
