El cálculo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reconocer el pago de los bonos de la deuda agraria genera un largo enfrentamiento entre el Estado y los pequeños y medianos agricultores cuyas tierras de cultivo fueron expropiadas en 1969 en el marco de la denominada Reforma Agraria.
Mario Seoane, abogado de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria, explicó a Correo que la desavenencia entre las partes es porque el MEF alteró la fórmula para hacer el cálculo del valor de los bonos (documentos o títulos valor) que recibieron como pago por sus bienes expropiados.
Precisó que entre los bonistas de la deuda agraria también figuran trabajadores de las haciendas cuyos dueños fueron afectados.
“Hay una resolución del Tribunal Constitucional (TC) de julio del 2013 que establece criterios para actualización y pago de los bonos, incluyendo la creación de un procedimiento administrativo para el registro, actualización y pago de los bonos, pero el MEF aplica una fórmula distinta y en muchos casos los bonos valen 0 soles”, indicó.
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Seoane señaló que ese es el problema actual que está en manos del TC y cuya resolución estaría saliendo en dos meses.
En ese sentido, se refirió al altercado que se registró en la audiencia del martes último cuando el magistrado Gustavo Gutiérrez del TC lo encaró al pedirle la resolución de un juez que indique los bonos tienen un valor de cero soles.
“El magistrado dice que la deuda de la reforma agraria no puede ser actualizada, pero el debate sobre este punto terminó con una resolución del TC n el 2001 ”, manifestó.
Por ello, dijo que se quiere reavivar un debate que el TC finalizó en el 2001, cuando estableció que los bonos deben ser cancelados, sin especificar la metodología.
Al respecto, señaló que “por alguna razón que no entendemos porque (Gutiérrez) no quiere actualizar los bonos cuando él es el primer promotor de que se actualice la deuda del Fonavi, no puede tener dos puntos de vista diferentes sobre un tema con el mismo fondo”.
Seoane señaló que al menos unas 30 mil personas esperan que el Estado cumpla con su compromiso de pago al emitir papeles (bonos) a cambio de quitarles sus propiedades.
