Millones de personas trabajan en Perú sin ninguna protección social.
Millones de personas trabajan en Perú sin ninguna protección social.

Un reciente informe de la organización Horizonte Laboral sobre el balance legislativo en materia laboral, en la legislatura 2024-2025, concluye que la mayoría de las propuestas aprobadas y proyectos en curso no apuntaron a transformar el sistema laboral, sino a atender situaciones específicas de determinados colectivos de trabajadores.

Señala que no responde a los problemas estructurales del mercado laboral, como la informalidad, la baja cobertura previsional o la débil protección social.

“La agenda legislativa priorizó temas particulares, muchas veces impulsados por gremios o sectores organizados específicos”, agrega.

Producción. El informe, denominado “Balance Legislativo en Materia Laboral: Legislatura 2024-2025”, refiere que en este período legislativo se presentaron 187 proyectos de ley en la Comisión de Trabajo.

“De ellos, 50 fueron dictaminados, representa casi el 27% del total, 19 de los cuales llegaron al Pleno, pero solo 11 se convirtieron en ley”, precisa.

Según Horizonte Laboral, de las 11 leyes, 7 fueron promulgadas por insistencia, tras haber sido observadas por el Poder Ejecutivo, “lo que evidencia una limitada articulación entre ambos poderes del Estado y una inclinación del Congreso por sostener iniciativas sin alcanzar consensos técnicos o políticos con el Ejecutivo”, indica el informe.

El informe concluye que la agenda del Congreso en materia laboral (2024–2025) demuestra una preocupante dispersión temática y la falta de un enfoque integral.

“La mayoría de los proyectos y leyes aprobadas comprenden temas sectoriales o demandas gremiales, que en algunos casos podrían atender reclamos legítimos, pero no contribuyen a resolver las brechas estructurales que afectan al conjunto de la fuerza laboral”, recalca.

En ese sentido, Horizonte Laboral hizo un llamado urgente a retomar una agenda laboral con visión de país, basada en evidencia técnica, sostenibilidad fiscal e impulso de empleos de calidad para garantizar más protección social y reducir desigualdades laborales.