El Poder Ejecutivo ni el Congreso se opondrán a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre, señaló el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.
Ello, porque la ampliación del Reinfo coincide con la convocatoria de las elecciones generales y existe la opción de que el Congreso lo extienda por dos años más.
Fue en respuesta a lo dicho por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, que el Gobierno no observará la autógrafa de la ley (del Congreso) que permite su ampliación por seis meses.
“No solo se extenderá por seis meses, como establece la ley que tendrá el visto bueno del Gobierno, existe una gran posibilidad que con un Decreto Supremo, el Ejecutivo lo prorrogue por otros seis meses”, precisó a Correo.
Explicó que tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen muy presente que esas prórrogas coinciden con la convocatoria a elecciones generales y la misma realización de los comicios que elegirán al próximo presidente de la república y a los nuevos congresistas.
Político. Gálvez manifestó que el Ejecutivo no se opondrá a la ampliación del Reinfo porque los congresistas, que claramente apoyan este mecanismo, no lo permitirán, que de hacerlo se atreverán a vacar a la presidenta Dina Boluarte.
Además, en diciembre del 2025, a mitad de la campaña electoral, los congresista buscarán prorrogar el Reinfo por otros dos años mediante una ley.
Señaló que en el Congreso es notorio que ciertos parlamentarios apoyan la ampliación del Reinfo, “que es un registro que se apaña actividades ilegales, las mismas que involucran delitos como extorsión, asesinatos, trata de blanca”.
En ese sentido, cuestionó a quienes votaron por autoridades que tienen vínculos con la minería ilegal, lo que está condenando a los peruanos a vivir en medio de la inseguridad.
Gálvez apeló a lo dicho por un notable, sobre que el objetivo inicial del delito es el poder económico; el segundo objetivo es el control territorial, por el terror; el tercer objetivo es el poder político, lo que se refleja en congresistas.
Refirió que actualmente ningún partido político que está en el Congreso guarda distancia de la minería ilegal y citó el caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y Guido Bellido, en charla distendida con un importante representante de esta actividad ilegal.
