En el Perú, de los más de 84,000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo el 2.4% ha logrado formalizarse.

Ante esta situación, el Alto Comisionado para el combate contra la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señaló que la prioridad del gobierno es concentrarse en los 31,000 mineros que aún siguen en proceso de formalización, incluyendo a más de 10,000 que estuvieron suspendidos por menos de un año y que todavía tienen la oportunidad de regularizar su situación.

El Estado reconoce que las acciones de interdicción, como la destrucción de dragas y el cierre de bocaminas, deben continuar, pero considera que la solución de fondo es la formalización de la actividad minera.

Por ello, se impulsa la aprobación de una Ley MAPE que facilite este proceso y se promueve el control en zonas mineras, como el modelo implementado en Pataz, La Libertad, donde se han instalado puestos de control para vigilar el ingreso y salida de materiales y personas.

Además, se ha creado una mesa de desarrollo que busca promover intervenciones estatales orientadas al desarrollo sostenible y la generación de alternativas económicas legales y formales en las regiones mineras.

Esta estrategia integral, aprobada recientemente por decreto supremo, plantea que la formalización es la mejor herramienta para combatir la minería ilegal, complementando las acciones de erradicación con el control territorial y el impulso de economías alternativas.

“La estrategia del gobierno está reflejada en un documento que ha sido aprobado por decreto supremo, hace dos semanas. Se llama ‘Estrategia para la reducción e interdicción de la minería ilegal’ y contempla la formalización como la mejor herramienta para combatir la minería ilegal, pero también el desarrollo sostenible y la búsqueda de economías alternativas teniendo en medio la erradicación“, indica Rodolfo García.

En cuanto a los resultados de las acciones estatales, en 2024 se realizaron 745 operativos de interdicción, con materiales incautados valorados en más de 2,400 millones de soles. Hasta el 30 de junio de 2025, ya se han ejecutado 505 operativos, con más de 1,300 millones de soles en material interdictado y más de 400 personas detenidas por delitos vinculados a la minería ilegal.

Precisa que el objetivo del gobierno es culminar el proceso de formalización de los mineros inscritos antes de diciembre de 2025, bajo nuevas condiciones y una supervisión estatal más estricta.

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