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El Gobierno de Dina Boluarte adelantó que no observará la ley que aprobó el Congreso para aumentar del 2% al 4% el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), la principal fuente del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) que le permite a las municipalidades provinciales y distritales del Perú tener recursos para financiar proyectos de inversión pública.
Sin embargo, es válido preguntarse si las municipalidades realmente necesitan mayor presupuesto o herramientas para mejorar sus niveles de ejecución.
De acuerdo con información obtenida por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), 20 de las 25 municipalidades en el Perú con la mayor cantidad de dinero para inversión pública en el 2024, no ejecutaron ni el 59% de lo recibido.
Es decir, solo ejecutaron un poco más de la mitad del presupuesto que se les asignó.
CIFRAS
La data del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela que a pesar de que municipalidades provinciales y/o distritales reciben un importante presupuesto, este no se ejecuta en su totalidad (ver infografía).
Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, el distrito de San Marcos, ubicado al sur de la provincia de Huari, en la región de Áncash, es considerado uno de los distritos más ricos del Perú.
El motivo: El gran presupuesto que recibe cada año. En el 2023 se le asignó 678,193,556 soles. Sin embargo, solo ejecutó el 36%.
Un año después, recibió 719,423,245 millones de soles, pero no utilizó 397,224,689 soles. Es decir, solo hizo un avance de ejecución del 44.8%.
Para el 2024 programó un proyecto de creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Huaripampa Central, Huaripampa Alto, Huaripampa Bajo, con un presupuesto de 25.6 millones de soles. Sin embargo, su avance financiero fue de 3%.
Mientras que para la creación de servicios deportivos, recreativos y de esparcimiento en la ciudad de San Marcos, se destinó 23.9 millones de soles, pero su avance financiero fue del 0.7% a fines de 2024.
Otro ejemplo es la Municipalidad Distrital de Vista Alegre en la región Ica, jurisdicción a la que se asignó 152,530,703 millones de soles. Sin embargo, no se ejecutó 92,014,649 millones, es decir, solo hubo un avance del 39.7%.
En tanto, la Municipalidad Provincial de Oxapampa en la región Pasco recibió un presupuesto de 70,811,160 millones de soles, pero no utilizó 55,121,795 de soles. Esto quiere decir que la mencionada municipalidad solo ejecuto el 22.2%.
MÁS DATOS
El año pasado, el presupuesto institucional modificado (PIM) total asignado a los gobiernos locales por parte del Foncomun fue de 10,205 millones de soles.
Al respecto hubo una ejecución del 85.8%, es decir, se dejaron de gastar 1444 millones de soles.
Cabe mencionar que según información difundida por el economista Luis Arias, el dinero del Foncomun que se gastó el año pasado fue en el pago de planillas (38%), bienes y servicios (36%), inversión (20%) y otros (6%).
En esa línea, si nos referimos estrictamente a inversión pública de los gobiernos locales, se destinó 28,977 millones de soles, pero solo se ejecutó 66.6%.
Es decir, se dejaron de gastar 9,682 millones de soles.
“Con todo este presupuesto no ejecutado, se pudieron hacer 1936 postas médicas, 61 hospitales de complejidad media, 8 hospitales de alta complejidad o pavimentar el 5% de las vías vecinales y departamentales”, indicó Comex Perú.
El año que pasó no fue la única vez en que el presupuesto de inversión pública de los gobiernos locales se ejecutó a niveles que no superaron el 67%, situación que se repitió en los últimos 10 años (ver infografía).
ANÁLISIS
Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, indicó que la redistribución del IGV que irá a las municipalidades implicará quitarle dinero al Gobierno Central.
“Desde Comex consideramos absurdo destinar mayores recursos a las municipalidades, de las cuales todas han evidenciado que carecen de las capacidades técnicas para ejecutar grandes montos para obras públicas”, sostuvo.
En diálogo con Correo, Zacnich recordó que todos los años se observa que el presupuesto destinado no supera el 65% en ejecución, dinero que es devuelto.
Además, recordó que según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2023, un 75.4% de las municipalidades a nivel nacional requerían capacitaciones en procedimientos administrativos, un 70.8% necesitaban de una formación en administración tributaria y un 67.7% necesitaba de capacitaciones en formulación y evaluación de proyectos públicos.
“Qué sentido tiene otorgar mayores recursos por esta medida a entidades del Estado que no cumplen sus funciones de traducirlo en servicios públicos”, afirmó.
En otro momento, se refirió a las suspicacias que se generan debido a la no observación del proyecto de ley desde el Gobierno de Boluarte, cuando su nuevo Gabinete Ministerial todavía no recibe el voto de confianza.
“Esto hace mucho daño a la confianza empresarial. Es probable que en los próximos años, los contribuyentes tengamos que pagar más impuestos para cubrir esos vacíos que se están dejando”, agregó.
En la actualidad, del 18% de IGV que paga el ciudadano, el 16% es para el Gobierno Central y el otro 2% para las municipalidades. Sin embargo, ese 2% ahora será de 4%.
Al respecto, el economista Jorge González Izquierdo consideró que esa redistribución obligaría a que el próximo gobierno que asumirá en el 2026, realice recortes de gastos significativos para cumplir con la meta fiscal.
“Es como si a uno le bajan el sueldo. Tendrá que ajustar su gasto”, indicó.
En diálogo con canal N, el experto advirtió que la medida podría desacelerar la economía y afectar a la ciudadanía, especialmente si estos recortes se enfocan en áreas sociales o de inversión pública.
“El ministro ha puesto el parche antes del hueco”, dijo.
Cabe precisar que un día antes el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, adelantó que el Ejecutivo avalará la propuesta del Congreso.
