La reciente aprobación de la ley que modifica el artículo 17 del Decreto Legislativo 821, reduciendo la tasa del IGV del 16% al 14% para el Gobierno central a partir de 2026, ha generado preocupación entre especialistas.

El economista Jorge González Izquierdo en entrevista con “Punto Final”, señaló que el costo fiscal de esta medida recaerá sobre el próximo gobierno, que asumirá el mandato ese año.

Actualmente, el IGV total es del 18%, compuesto por un 16% que recibe el Gobierno central y un 2% destinado a los gobiernos municipales bajo el concepto de Impuesto de Promoción Municipal (IPM). La nueva norma establece que el porcentaje que recibe el Gobierno central se reducirá gradualmente del 16% al 14%, mientras que el IPM aumentará del 2% al 4%, incrementando así los recursos para las municipalidades sin modificar la carga tributaria total para el contribuyente.

Este cambio implica que se transferirán aproximadamente 2 mil millones de soles anuales adicionales a los municipios hasta 2029, con el objetivo de fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) y promover el desarrollo local.

González Izquierdo advirtió que, en promedio, las municipalidades tienen una tasa de ejecución presupuestal de apenas 63% en un periodo de cuatro a cinco años, lo que refleja una limitada capacidad para invertir eficientemente los recursos que reciben. Por ello, cuestionó la efectividad de entregar mayores fondos sin mejorar previamente la gestión pública local.

“Si no pueden gastar bien lo que tienen, ¿qué harán con un chorro de dinero adicional?”, indicó el economista, enfatizando que la falta de capacidad administrativa puede traducirse en derroche o mal uso de los recursos.

El economista explicó que la reducción del IGV para el Gobierno central implicará una pérdida de ingresos cercana a los 10 mil millones de soles anuales, lo que obligará al próximo Ejecutivo a realizar ajustes presupuestales, principalmente recortes en gasto de inversión, ya que el gasto corriente es difícil de reducir.

“Es como si a uno le bajaran el sueldo; tendrá que ajustar su gasto”, afirmó González Izquierdo, quien también alertó que esta medida podría desacelerar la economía y afectar a la población, especialmente si los recortes impactan en áreas sociales.

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