Durante la pandemia del COVID-19, el agro no paró, pero con los conflictos sociales de hoy es el sector más golpeado, opina el ex ministro de Agricultura Juan Manuel Benites. En diálogo con sostiene  que el Gobierno debe tomar una posición muy clara frente a la violencia que daña la economía porque hoy existe un potencial de riesgo que no gusta a los inversionistas.

¿No es un buen año para el  agro?

No, es el resultado de varias cosas y la inestabilidad política. Se pudo manejar mejor y con transparencia el tema de los fertilizantes para cubrir una campaña que es deficitaria en siembras. Con la sequía, igual, se pudo haber previsto medidas que atenúen su impacto. El ministerio tiene programas para activar la construcción de pequeñas cochas. Se habló mucho de la segunda reforma agraria.

Pero ahora...

Se sumaron los conflictos sociales. Creo que se pudo hacer labores de inteligencia, trabajar con organizaciones de productores. Muchos de los que participan en el paro son gente del campo, agricultores con demandas válidas. Faltó una agenda agraria para trabajar con los que  verdaderamente necesitan el apoyo del Estado. Se pudo atenuar la toma de carreteras, se dejó que avance y ahora se convirtió en una agenda política en la que no habría retroceso. Se necesita volver a tomar contacto con los líderes de los agricultores.

¿Qué implica que en el 2023 se crezca solo 0.3%?

Se tendrá menos cosechas. El ministerio ya informó que hay casi 200 mil hectáreas menos sembradas. Creo que, en promedio, la producción agrícola se retraerá entre 10 y 15%, sería más si siguen los problemas, que a su vez afectarán más los precios al consumidor. Los mercados reciben menos. Lima aún tiene casi 90% de stock de productos. En los últimos días recibe, en promedio, entre 7 y 8% menos respecto de  semanas anteriores, pero aún no se traslada a precios (mayorista).  Creo que casi el 70% de los mercados en el país están abastecidos, pero no al 100%. En las regiones del sur la  situación es crítica. El abastecimiento en la selva debe haber caído 60 o 70%, no pasan los alimentos.

¿Y los precios?

Creo que de todas manera habrá un problema de precios por la menor oferta. La demanda no cae porque la gente come todos los días. Los precios sí se irán para arriba. Además, las exportaciones están en riesgo por la violencia contra las agroexportadoras en pleno periodo de cosechas. Mucha mano de obra que viene de la sierra se queda sin ingresos. Si no se frena la violencia, lo que viene puede ser muy crítico, puede generar la reacción de los que se defienden cuando son atacados.

Pero el Gobierno no reacciona...

El Gobierno está con un freno muy fuerte y está dejando que los conflictos se agoten por cansancio. Pero hay que medir cuáles son los costos. Creo que es una apuesta muy riesgosa, se necesita discutir una salida. El Gobierno tiene que tomar una posición muy clara y asumir el rol que le corresponde. Hay un potencial de riesgo que no gusta a los inversionistas.

Si el agro fuera un semáforo, ¿en qué color está actualmente?

Para mí el agro está en rojo. Es una de las principales actividades golpeadas por los conflictos. En la pandemia fue la actividad que se mantuvo en verde. En el agro no se pueden guardar los productos porque se malogran. Estoy viendo que esta crisis es una suma de cosas que ha traído este Gobierno. La segunda reforma agraria fue una nueva cachetada a la pobreza porque le vendieron expectativas a la gente y lo único que se ha afectado es la confianza del Estado, la gente pobre, especialmente los que están en agricultura familiar, no le cree al Estado. Se jugó con la expectativa del pequeño agricultor. Castillo jugó con las expectativas de la gente, les vendió puras fantasías y no les cumplió. Hay que atender el agro, es la prioridad del país. Así como nos hemos dedicado a promover la minería, la agricultura debe tener un espacio privilegiado en la agenda de este Gobierno.

Juan Manuel Benites

Ex ministro de Agricultura. Presidente ejecutivo del Instituto Crecer. Economista de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es especialista en temas de inversión pública y desarrollo rural.