El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, dice que corresponde al Gobierno tomar la iniciativa de encarar la crisis alimentaria, adoptando medidas preventivas. En diálogo con Correo dijo que el Perú produce entre el 60% y 70% de los alimentos que consume.
Sobre la compra y distribución de urea, por S/1000 millones, pidió se haga con total transparencia, por lo que se debe convocar al sector privado. Señaló que entre el 40% y 50% de las 4.2 millones de unidades productivas del agro usan urea.
¿Es muy seria la crisis alimentaria?
La crisis alimentaria tiene dos partes. Por demanda y por oferta. Por el lado de demanda, se tendrá una situación crítica; los precios han subido, la inflación acumulada anual supera el 8%, y a nivel internacional los precios han subido entre 8% y 20%, según la FAO. Y tiene que ver con la guerra; además se arrastra problemas del clima y de la pandemia. Ucrania es uno de los mayores productores de trigo y nosotros somos importadores netos; los parámetros de consumo han cambiado muchísimo en el país, se consume mucho más arroz y fideos que antes, cuando la papa era uno de los principales alimentos.
¿Alguna salida?
Todo afectará por el lado de demanda y aquí el Estado tiene que tener alguna respuesta para un mayor número de peruanos pobres. La inflación es el impuesto más caro que tiene la gente pobre; el 60% de sus ingresos es para alimentos. El Estado debe tener una estrategia. Durante la pandemia se ensayaron alternativas de apoyo que ahora se pueden mejorar. Un rol muy importante tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), especialmente el programa Qali Warma, que como trabaja con colegios tiene una gran base de datos y una red logística a nivel nacional, que puede llegar a un mayor número de familias. Otro factor clave serán las ollas comunes, que deben tener un apoyo muy significativo del Estado. Ya debería haber un plan de contingencia, tener claro cómo se distribuirán los alimentos. Hay una Ley de Compras Públicas que aún no aterriza, hay dinero y no se compra lo que se esperaba; aún falta el reglamento de ley, que es de este Gobierno.
¿Y la oferta?
El precio de la urea ha subido cuatro veces y genera un problema de costos a los agricultores; el Gobierno ha ofrecido importar urea por S/1000 millones. Es importante recoger información de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra para saber cuánto, dónde y qué se sembrará, y así saber qué productos demandarán más urea, como el arroz, papa, maíz amarillo duro, y otros; estas siembras están concentradas en la costa. En la sierra se usa más abono orgánico, estiércol, guanos de la isla, etc. En la selva también se siembra arroz, pero menos que en la costa.
¿Y el Midagri?
Se dice que ya se tiene la plata y las órdenes de compras, que se comprará a Venezuela, Argentina, Bolivia, y China. Lo primero es asegurar la compra; segundo, ¿Cómo se distribuirá? La campaña agrícola grande empieza en junio, hasta setiembre, agosto es el mes pico. Si no hay fertilizante cuando se necesite, después ya no sirve. Es importante comprar oportunamente y que la distribución no se preste para malos manejos, que haya transparencia; saber si habrá subsidio completo o se entregará a los productores a precios de la prepandemia. Puede haber filtraciones en el programa y se lleve urea al lugar donde no corresponda.
¿La Contraloría debe acompañar el proceso?
Puede entrar la Contraloría y hacer control concurrente, es elemental para garantizar la máxima transparencia y saber a quién se está comprando, cómo se está comprando, si es de gobierno a gobierno, todo tiene que estar claro porque son S/1000 millones. Es un proceso muy delicado, se puede prestar a malos manejos. Ya deberían estar los dispositivos, las logísticas, las reglas claras. Es muy importante saber que la urea no es para el 100% de las más de 4 millones de hectáreas que se cultivan, en 4.2 millones de unidades agrícolas. Según el censo, entre el 40% y 50% usa fertilizantes químicos. Hay que concentrarse en los cultivos que más demandan urea y los que son de primera necesidad, como el arroz. También se tiene que pensar en el consumidor, no solo en el agricultor.
¿Hay que asegurar los alimentos?
El Perú produce entre el 60% y 70% de lo que consume; podemos defendernos de una crisis mundial. Importamos básicamente aceite, trigo y maíz amarillo, el 70% de maíz que se importa va a la industria avícola.
Podemos defendernos, siempre y cuando tengamos la estadística, las herramientas para saber cómo distribuir los recursos económicos, pero con mucha transparencia.
¿Y la participación del sector privado?
Depende mucho del Gobierno, principalmente, reducir el impacto de la crisis alimentaria porque maneja recursos, pero que convoque al sector privado para trabajar de forma coherente y tener un plan de acción, tener transparencia, con la Contraloría al costado. Si el Gobierno no tiene la capacidad suficiente allí está el sector privado, que sabe de puertos, de cadenas logísticas, es cuestión de convocarlo; no importa el color político. Creo que todavía estamos a tiempo, pero se debe tomar acciones para reducir el impacto de manera que los peruanos no pasen muy mal esta crisis que es mundial. Dependerá mucho de la capacidad del ministro del sector.
¿La Iglesia debe participar en la distribución de alimentos?
Sin duda. Cuando me refería al sector privado me refería a todos, a las ONG, al sector empresarial, a las iglesias, que tienen la capacidad necesaria; durante la pandemia participaron activamente.
Es necesaria esta participación para asegurar la transparencia. Estoy de acuerdo en convocar al sector privado y se debería tener una mesa técnica con los ministerios, con el sector privado, se necesita un líder, si no hay liderazgo nos quedaremos con los papelitos, bonitos planes; sin liderazgo no camina.
¿El líder puede ser del sector privado?
Por supuesto, puede ser, ojalá fuera del Gobierno, pero si no se tiene los cuadros suficientes, no tenemos la capacidad del conocimiento, entonces que se incorpore a un representante del sector privado.
Juan Manuel Benites
Exministro de Agricultura
Presidente ejecutivo del Instituto Crecer
Economista de la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Especializado en temas de inversión pública y desarrollo rural.