La adjudicación sin concurso puede generar actos de corrupción, señaló profesor de la Universidad del Pacífico.
La adjudicación sin concurso puede generar actos de corrupción, señaló profesor de la Universidad del Pacífico.

Entre el 16 de marzo y 23 de setiembre del 2020 (en pleno estado de emergencia), el Estado realizó compras directas por S/ 3,262 millones para atender la crisis sanitaria y combatir al Covid-19, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce).

El referido monto es resultado de los 4,728 procesos de contratación directa, efectuados por las distintas entidades públicas, siendo las del sector salud las que registraron el mayor monto (Aprox. 40%).

Cristian Chocano, supervisor de mejoras de procesos y estandarización de supervisión de las normas del Osce, explicó, que por la urgencia del caso las entidades estatales han apelado a la compra directa (en el 2019 fue de solo 5% del total registrado).

Precisó, que inclusive, el plazo de informar las compras directas al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), por el tema de transparencia, se amplió de 10 a 30 días.

Riesgo. Al respecto, el profesor de la Universidad del Pacífico, Marcel Ramírez dijo a Correo que se justifican las compras directas (sin concurso de adjudicación) en un caso de emergencia porque se necesita acceder a los productos y servicios de la forma más rápida.

Pero, según dijo, la adjudicación directa tiene riesgo, pues la posibilidad de designar directamente a uno o varios proveedores, es un tema de discrecionalidad de los funcionarios públicos y se puede sacrificar la calidad.

“Se corren riesgos cuando se apela a la adjudicación directa porque existe un aparato público con un ámbito de corrupción”, comentó.

Ramírez, explicó que por la misma emergencia es difícil que la Contraloría haga un control concurrente (supervisar mientras se ejecutan las obras o se toman servicios).

Por ello recomienda, para balancear el riesgo, que la Contraloría impulse un control social, que le permita armar equipos de ciudadanos locales para que ayuden a transparentar las compras directas a lo largo de todo el proceso.

Agregó, que ello implica una veeduría ciudadana, similar a la que el organismo de control nacional puso en marcha en el norte del país para evitar que la corrupción se arraigue en las contrataciones estatales, en el proceso de la reconstrucción. “El gran problema es que hay mucha fragmentación de las compras”, indicó.