La lucha contra la inseguridad también pasa por aumentar el presupuesto para mejorar la infraestructura y el equipamiento de la policía, dice María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía IPE. En diálogo con Correo reveló que el presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter) registró un recorte superior al 18% en términos reales, entre 2019 y 2025. En La Libertad, la región con el mayor número de denuncias por extorsión (cuatro veces más que en 2019) los recursos para orden y seguridad se redujeron en un alarmante 33% en 2025 en comparación con el año anterior, debilitando aún más la lucha contra el crimen.
La inseguridad crece, las extorsiones también...
Las extorsiones se sextuplicaron desde prepandemia y con las acciones del Gobierno no creemos que disminuyan. Si no se empieza a invertir en seguridad, podrían empeorar. En el corto plazo afecta a las mypes, como bodegas, transportistas, etc. Un informe de Videnza estima que los pequeños negocios pierden casi S/500 mil diario, solo en Lima Metropolitana, por amenazas y extorsiones que, al 2023, provocaron el cierre de más de 13 mil bodegas y en el 2024 seguro que fueron más porque las extorsiones aumentaron. Un incremento de la criminalidad alejará a los inversionistas del país. El BCR (Banco Central de Reserva) señala que la inseguridad afecta casi al 3% del PBI.
¿Ese 3% del PBI equivale a unos $7 mil millones?
La minería ilegal, narcotráfico y corrupción generan pérdidas de unos $10 mil millones al año, aproximadamente 3.7% del PBI del 2023. A nivel nacional, la inseguridad es un problema grave y la región más crítica en 2024 fue La Libertad cuya tasa de victimización alcanzó un máximo de seis años. El presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter) registró un recorte superior al 18% en términos reales, entre 2019 y 2025. En La Libertad, la región con el mayor número de denuncias por extorsión (cuatro veces más que en 2019) los recursos para orden y seguridad se redujeron en un alarmante 33% en 2025 en comparación con el año anterior, debilitando aún más la lucha contra el crimen.
Es contradictorio, la inseguridad avanza, pero no el presupuesto para combatirla.
El IPE recomienda impulsar una coordinación interinstitucional. Solo el 51% de las municipalidades hace patrullaje con la PNP. Es muy importante articular el trabajo entre todas las instituciones encargadas de la seguridad para cubrir la mayoría de las zonas de la ciudad, sin descuidar las más críticas. La falta de coordinación genera duplicidad en algunas zonas y vacíos en otras.
Hay que sumar inversión para mejorar el sistemas de inteligencia...
Sí, para el sistema de inteligencia y para una estrategia de interoperabilidad entre las instituciones. Las cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad deberían estar conectadas con los registros de requisitoriados para identificarlos y hacerles un seguimiento en tiempo real. Esto se hace con tecnología e inversión.
¿Qué otros ministerios trabajan contra la inseguridad?
La minería ilegal es otro foco de criminalidad. Creo que la mayor parte de presupuesto para seguridad se debe dar al Ministerio del Interior (Mininter). La PNP no puede hacer mucho porque no hay suficiente infraestructura ni tiene suficiente equipamiento. A nivel nacional, solo dos de cada 10 comisarías tienen servicios básicos (agua y desagüe) e internet. En Madre de Dios, que tiene un problema muy grave de minería ilegal, no hay una sola comisaría que esté equipada. ¿Entonces, cómo hacer frente a la minería ilegal?
El MEF trabaja con los privados, un plan contra la inseguridad.
Desde el IPE recomendamos seguir promoviendo mecanismos como Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas (APP), el Mininter lo viene haciendo, pero no es suficiente. Hay que seguir invirtiendo, pero no seguir dependiendo de recursos públicos, hay que apelar a estos dos mecanismos.
¿Se puede privatizar las cárceles?
La capacidad de las cárceles es superada en 130%, al final, funcionan como espacios del crimen organizado, hay que invertir mucho en cárceles. No solo es construir más, sino también separar a los reclusos según los delitos cometidos. Se necesita hacer trabajos más incisivos para que dejen de ser un hub del crimen organizado. En el corto plazo, se debe fortalecer a la PNP, aumentando el número de efectivos, que ha disminuido; el número de policías por cada 100 mil habitantes pasó de 410, en el 2029, a 305 en el 2024. Hay que hacer más atractiva la carrera policial, mejorando sueldos. Hay muchos policías que hacen tareas administrativas y dirigen el tránsito, reduciendo la capacidad operativa de la PNP. Esas tareas deben hacerlas personal civil adecuadamente preparado.
María Alejandra Ormeño
Jefa de Políticas Públicas del IPE
Economista de la Universidad del Pacífico Maestría en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas del Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex.
