La tarifa de este combustible podría ser igual tanto en las regiones como en Lima, donde está el 85% del consumo nacional, afirma especialista.
La tarifa de este combustible podría ser igual tanto en las regiones como en Lima, donde está el 85% del consumo nacional, afirma especialista.

La solución que se ha adoptado hace poco para evitar que el (gas licuado de petróleo) siga impactando la economía familiar es una medida de corto plazo, dijo a Correo Renato Lazo, especialista en gas e hidrocarburos.

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Explicó que retornarlo al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) implica un subsidio de entre S/4 millones y S/6 millones diarios, que será mayor porque el precio internacional del GLP sube nuevamente, debido a que el hemisferio norte del planeta está entrando al invierno y necesitará más de este combustible para la calefacción.

Agregó que regresar el GLP al FEPC fue una decisión política, por lo que si, por ejemplo, se deriva sus recursos al subsidio para el tendido de redes domiciliarias para se podrá masificar su consumo en las regiones.

Tarifa

Agregó que también se podría subsidiar el precio del GN para que las tarifas en las regiones sean similares a la de Lima y así generar una demanda comercial y crear mercados en diferentes puntos del país.

Indicó que hubo el intento de masificar el GN en Arequipa, Tacna y Moquegua, pero Naturgy Perú devolvió la concesión porque la tarifa alta no hacía rentable su inversión. Petroperú asumió la concesión.

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Lazo indicó que hacer viable el Proyecto de Masificación 7 Regiones pasa por aplicar un subsidio estatal, tal como se hizo en Colombia, de lo contrario se seguirá postergando. “La tarifa alta del GN no hace atractivo el proyecto; las empresas, simplemente, no se interesan”, comentó.

Ese proyecto está planteado para tender redes domiciliarias, para ser abastecidas mediante GNL, que tiene un costo alto por el transporte en camiones, precisó.

Dijo que en Piura ya se han conectado a 2,500 familias para ser abastecidas con GN de la zona, pero existe una acción judicial generada por el primer concesionario, al que se le resolvió el contrato por incumplir sus obligaciones, que podría hacer retroceder lo avanzado.

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