La nociva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 en la Comisión de Energía y Minas del Congreso permitirá que la minería ilegal siga creciendo fuertemente en el país. Tanto será así que triplicará el monto que movió en el 2023 (más de $4 mil millones) y en 2025 cerraría con $12 mil millones, señaló a Correo el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes.
Además, porque continuará arrastrando a otras actividades ilícitas que se desarrollan debajo de su sombra.
En ese sentido, Fuentes afirmó que la minería ilegal es la principal actividad en la sombra, por encima del narcotráfico, del tráfico de personas, la tala ilegal y la extorsión.
“Con datos al 2023, la minería ilegal supera ampliamente al resto de actividades en la sombra, representa el 40% del total, mientras la trata de personas lo es con el 13%, seguida del narcotráfico con 11% y la tala ilegal con 9%”, aseveró.
En tanto, la extorsión representó (en el 2023), el 8% y rubro otros (entre los que están el contrabando, la pesca ilegal, el tráfico de terrenos y la piratería), el 17%
Movimientos
Sobre el total de dólares que estarían moviendo las economías ilegales en el país, Fuentes explicó que no se tiene a mano el monto que moverían hoy porque los datos de 2023 no están actualizados.
“Las cifras han cambiado fuertemente, con decir que solamente en minería ilegal se ha triplicado”, precisó.
Indicó que en 2023, todas las economías ilegales movieron $9 mil millones, mientras que la minería ilegal movía, entonces, un poco más de $ 4 mil millones. “En el 2025, la minería ilegal se está triplicando y cerraría con $ 12 mil millones”, comentó.
El representante del IPE refirió que con la aprobación de la extensión del Reinfo se “pone la cereza” en la torta de la minería ilegal, es decir, “con lo que está aprobando el Congreso se está permitiendo, nuevamente, la expansión de esta actividad ilegal, se le está poniendo un paraguas llamado Reinfo”.
Al respecto, mostró gran preocupación porque el gran riesgo está en las próximas elecciones generales, cuando se votará para elegir al nuevo presidente y también a diputados y senadores.
“Hay un tremendo riesgo de que participe un gran número de candidatos financiados por el Reinfo porque una parte de ellos serán voceros de la actividad ilegal en el Congreso”, comentó.
Fuentes señaló que hay congresistas que apoyan al Reinfo y una muestra es la votación que se registró en la Comisión de Energía y Minas, que busca ampliar la vigencia del Reinfo hasta diciembre del 2027 o hasta cuando se apruebe una Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE).
“No hace falta estar a favor de la minería ilegal para promoverla ¿No? Basta con no hacer nada, basta con ponerse de costado”, afirmó.
Indiferencia
Por su parte, el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, en entrevista en Canal N señaló que abrir la puerta para el retorno de 50 mil inscritos en el Reinfo, tras ser excluidos por no concretar la formalización respectiva, es muy crítico.
Sobre todo, añadió, porque unos 3,700 de ellos están operando en áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas.
“Si los 50 mil inscritos fueron separados, no se entiende el interés del por qué se permitirá que regresen. Es un mensaje equivocado del Congreso, mientras el Ejecutivo se mantiene callado en el asunto”, cuestionó.
Trazabilidad
Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, declaró a este diario que es muy difícil establecer qué empresas formales exportan oro extraído de forma ilícita.
En ese sentido, manifestó que no existe un control adecuado de lo que procesan las decenas de plantas establecidas en diferentes regiones del país. “La Sunat no las controla, la policía no las controla y la Fiscalía tampoco las controla”, anotó.
Consultado si la trazabilidad que se dice se está aplicando para reducir la participación de la minería ilegal en la economía peruana, señaló que la trazabilidad es un cuento chino.
“Es difícil distinguir el mineral de una mina y otra, incluso de la misma localidad si es que es robado. Se tiene que controlar a las plantas. Si una planta informa que tiene capacidad para tratar 350 toneladas, pero están tratando 500, 800 y más también, en esto ya hay una ilegalidad”, indicó
Así, Gálvez señaló que quienes están dejando pasar la diferencia entre la capacidad de tratamiento de una planta y de lo que realmente procesan, son las autoridades de los gobiernos regionales, las gerencias regionales de Energía y Minas, ellos están aceptando, allí está la corrupción”, anotó.
Es decir, los responsable de no hacer los controles respectivos en las plantas de tratamiento de minerales son las autoridades de las regiones donde hay producción informal de oro, principalmente, como los son Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad.
Destacó que se debe llamar la atención de las autoridades competentes y no reducir el problema al hecho de que quienes llevan sus minerales para ser tratados en las referidas plantas presenten un Reinfo. “El control debe ser más rígido, se necesita cruzar información. La trazabilidad brilla por su ausencia”, comentó.
Esa actitud, prosiguió, sí preocupa mucho porque el Reinfo está amparado en una ley que los exonera de cualquier delito.
Sospechosos
Sobre el tema, el Instituto de Ingeniería de Minas del Perú (IIMP) señaló que la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un engranaje clave del lavado de activos a escala nacional.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solo en la última década, habría movilizado unos $ 22,800 millones mediante operaciones financieras sospechosas asociadas a la extracción y comercialización ilícita de minerales.
El reporte detalla que entre enero de 2015 y setiembre de 2025 se emitieron 5,747 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ligados a minería ilegal, que la coloca como la tercera con mayor número de alertas dentro del sistema financiero. Sin embargo, por el monto de dinero involucrado, escala al segundo lugar: el valor total registrado solo es superado por los ROS relacionados al narcotráfico.
Gran parte de esos movimientos provienen de zonas de alta actividad minera informal como Madre de Dios, Ica, Arequipa y Puno, donde las organizaciones criminales operan redes que combinan extracción ilegal, uso intensivo de efectivo y comercialización mediante intermediarios o empresas fachada.
