Se estima que la minería ilegal mueve $3,000 millones en el país, cada año, y se da, principalmente, en cinco regiones.
En ese sentido, el fiscal Federico Chávarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, entre el 2019 y 2023, el Ministerio Público tenía más de 7,200 investigaciones a nivel nacional por de minería ilegal.
En entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), precisó que el 40% de esas investigaciones, unos 2,880 casos están judicializados.
De los que están en el Poder Judicial, dijo Chávarry, algunos están en etapa de investigación preparatoria y otros en etapa de juzgamiento.
Condenas. Indicó que las regiones con más casos son Madre de Dios (2,705), La Libertad (527), Puno (450), Ucayali (300) y Cusco (286).
Pero no tiene el número de personas investigadas.
Al 2023, agregó, se lograron 285 sentencias condenatorias, de ellas, 203 fueron con sentencias suspendidas y 82 con pena efectiva.
Chavarry destacó el trabajo conjunto con la Fiscalía de Extinción de Dominio para entrar al patrimonio de los ilegales; de las 285 casos se incautó unos S/1,000 millones a las organizaciones criminales (excavadoras, volquetes y cargadores frontales).
De la misma manera, se ha logrado decomisar hasta 1,000 kilos de oro en algunos casos.
Corrupción. El fiscal explicó que la minería ilegal genera delitos conexos: corrupción de funcionarios y en menor caso lavado de activos y trata de personas.
Dijo que en la jurisdicción donde trabaja detectó casos de minería ilegal amparados por las autoridades (como tenientes alcaldes, presidentes de rondas campesinas y, en algunos casos, alcaldes).
Precisó que aún no hay una sentencia condenatoria contra una autoridad, pero existen indicios de la Fiscalía que apuntan a que habría un accionar de ellas.
