Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las Asociaciones Público-Privadas (APP) registraron adjudicaciones récord por más de $ 8 mil millones en 2024, cifra que se busca repetir en 2025 y 2026, principalmente en proyectos viales, de salud y saneamiento.
En tanto, la adjudicación de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un máximo histórico de 118 proyectos en 2024, por casi S/ 4 mil millones.
Indica que en “el caso de OxI ha ocurrido algo positivo además en 2025: entre enero y agosto se adjudicaron ya casi tantos proyectos como en todo 2024 (116)”.
El IPE precisa que los montos de las adjudicaciones de OxI se redujeron, al pasar de una inversión mediana de S/ 11 millones en 2024 a S/ 7 millones por proyecto en 2025.
Ello es impulsado por las adjudicaciones en Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición, intervenciones puntuales destinadas a mejorar la infraestructura existente, que representan el 44% de las adjudicaciones este año.
Pero la ejecución de los proyectos OxI no ha seguido el mismo ritmo: la brecha entre la adjudicación y ejecución se amplió y, hacia fines de 2023, superó los S/ 1.000 millones, equivalentes al 14% de la inversión comprometida.
Saneamiento
En ese sentido, el IPE señala que urge replicar experiencias, por ejemplo, en el cierre de brechas de saneamiento.
Explica que mientras que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Taboada y La Chira, ejecutadas bajo la modalidad APP, lograron una cobertura de 95.2% del volumen de agua tratada en 2024, en regiones como Loreto, Huancavelica y Pasco, los proyectos de PTAR se encuentran paralizados.
Otros casos de éxito, prosigue, son los hospitales Barton (Callao) y Kaelin (Villa María del Triunfo) adjudicados hace más de una década.
Señala el IPE, Perú se juega la posibilidad de avanzar en el cierre de brechas de conectividad en un contexto de alta insatisfacción por las carreteras, aunque la extensión de la red vial nacional aumentó en 25% desde el 2012, el porcentaje de peruanos satisfechos se redujo a la mitad, de 49% a solo 26%.
“Cambiar esa situación enfrenta desafíos debido a la inseguridad jurídica generada principalmente por la gestión municipal de Lima sobre las vías concesionadas”, precisa.
Los recientes cambios en las leyes de inversión de OxI y APP abren una oportunidad para acelerar inversiones y cerrar brechas de infraestructura, sobre todo para mejorar la infraestructura policial, considerando que es indispensable para sumar a la logística que se necesita en la lucha contra la inseguridad.
El 19% de las comisarías tenían buen estado en 2024, frente al 38% en 2020. En Arequipa el 48% presentan condiciones adecuadas, en Madre de Dios no supera el 5%.
