De cara a las elecciones generales del 2026, la necesidad de atender asuntos importantes para el futuro del país. Uno de ellos tiene que ver con el lado del impulso a la minería formal, atendiendo el exceso de regulación que demora la concretización de proyectos, y, por otro lado, el control de la minería ilegal.
“Necesitamos ser un país atractivo para la inversión y, al mismo tiempo, tener un Estado que sepa cumplir su rol frente a la minería ilegal”, enfatizó Jimena Sologuren, presidente de PERUMIN 37, refiriéndose a los 67 proyectos mineros listos para ejecutarse, pero que siguen entrampados por la sobrecarga burocrática y la falta de articulación entre instituciones.
Esta demora permite que la actividad ilegal avance provocando daños ambientales y sociales de gran impacto en el país, por lo que es fundamental terminar el proceso de más de 31 mil mineros que siguen en vías de formalización. A su juicio, la minería artesanal y de pequeña escala debe convertirse en un negocio rentable, siempre que cumpla con normas ambientales, sociales y de seguridad.
En este punto, dijo, el compromiso de los gobiernos regionales y locales es significativo. “Solo así las comunidades sentirán de primera mano cómo la minería formal sí puede aportar al desarrollo y mejorar la vida de más peruanos”, puntualizó.
INVERSIONES Y MÁS
Para la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, Julia Torreblanca, las trabas normativas perjudican al desarrollo de una cartera nacional de 67 proyectos mineros valorizados en más de US$64.000 millones y 84 iniciativas de exploración por alrededor de US$1.039 millones.
“Tenemos riqueza geológica, ubicación estratégica, fuerza laboral preparada, pero el principal problema no es geológico: es político y normativo”, afirmó durante su participación del webinar “Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”. Torreblanca explicó que la tramitología que enfrentan los proyectos puede alargar su puesta en marcha hasta seis o siete años, más del doble de lo que establecen los plazos normativos.
Según sus estimaciones, un retraso de cuatro años en un proyecto modelo puede ocasionar pérdidas equivalentes a S/12.000 millones en PBI, además de un impacto fiscal de S/2.066 millones y la no generación de 8.500 empleos en la fase de inversión y 7.400 en la etapa de producción.
Un asunto que no se puede dejar de lado es la conflictividad social. Entre 2021 y el primer trimestre de 2023, once unidades mineras fueron paralizadas por enfrentamientos con comunidades en ocho regiones del país. Estas interrupciones provocaron pérdidas de S/7.000 millones en PBI y S/1.791 millones en recaudación fiscal, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE).
PERUMIN
En este contexto, la presidente de PERUMIN 37 recordó que desde hace más de siete décadas la convención minera ha sido un punto de encuentro para empresas, autoridades, academia y sociedad civil, contribuyendo a que la minería se entienda como parte de un entramado más amplio de competitividad, institucionalidad y sostenibilidad. “La minería es hoy una palanca decisiva para lograrlo”, subrayó.
El Estado debe asumir un rol más activo, no solo como mediador y garante del diálogo, sino también fortaleciendo su presencia institucional en las zonas de influencia minera y manteniendo una estrategia firme contra la minería ilegal. “Necesitamos empleos formales y seguros y que se resuelvan los conflictos”, puntualizó Julia Torreblanca.
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