El Estado debe garantizar a otro Estado que uno de sus ciudadanos puede visitarlos, brindando información real sobre su salud en el pasaporte sanitario. (Foto: Archivo El Comercio)
El Estado debe garantizar a otro Estado que uno de sus ciudadanos puede visitarlos, brindando información real sobre su salud en el pasaporte sanitario. (Foto: Archivo El Comercio)

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron hoy miércoles la puesta en marcha del pasaporte COVID-19 con el fin de reanudar el turismo para este verano. Este documento, que no reemplaza al pasaporte, facilitará la movilidad entre países del continente de los vacunados o recuperados del virus.

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¿Qué tan viable es que tengamos un documento de este tipo en Latinoamérica? Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), comentó a este diario que el pasaporte de salud o sanitario –no lo llama pasaporte de vacunación, porque afirma que sería discriminar a los vacunados y no vacunados–, que próximamente estará disponible en Europa, registrará en formato digital todos los datos necesarios para que la persona pueda viajar de punto a punto.

El documento, sostuvo, debería ser un referente para otros países, porque hay que aprender de la experiencia, y en este caso en particular el pasaporte sanitario va a ser la única manera de reanudar los viajes internacionales. Puso como ejemplo cómo se uniformizaron las medidas de seguridad en los aeropuertos después del atentado del 11 de setiembre en Nueva York, y cree que ahora debe ocurrir algo similar, buscando tener las mismas reglas de juego.

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“Nosotros apoyamos ese pasaporte, estamos pendientes ayudando a los gobiernos, facilitando el debate, y animando a que esto surja en Latinoamérica. Hemos tenido bastantes reuniones a nivel regional con diferentes ministerios, incluyendo a su ministra [Claudia Cornejo del Mincetur) que es experta en turismo. Y todos son totalmente conscientes y están alineados con que hay que implementar estos procesos, y debe de haber un acuerdo”, refirió Rodríguez.

A diferencia de Europa, donde se logran acuerdos en bloque a través de la UE, en la región es más complicado porque no dispone de formato parecido. Pero para la especialista, sería interesante lograr acuerdos bilaterales o trilaterales para tener una política similar, cuando se trata de viajar dentro de la región.

Para Rodríguez el papel del sector privado es clave. En Europa, los privados pidieron a los gobiernos esta coordinación del pasaporte COVID-19, y lo mismo está pasando en Latinoamérica. Por lo que recomendó apoyar estas medidas y no criticarlas. “Que el sector privado y público vayan de la mano, y tratar de replicar la experiencia en Europa”, dijo.

<mark class="hl_yellow"><b>INTEGRAR DATOS</b></mark>

Por su parte, Erick Anticona, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, comentó que si bien es una medida sana, no cree que se pueda implementar en Latinoamérica en el corto plazo. Señaló que uno de los motivos por los que se le cuestiona a este pasaporte de inmunidad es la legitimidad de la información que allí se encuentra.

“Eso puede ser interpretado de dos formas, la forma más sana es que sea como un instrumento de control para garantizar la salud de cualquier persona en tránsito de país a país, y por el otro lado, puede ser convertido en un instrumento manipulador y restrictivo, y en este escenario el gobierno debe jugar un papel importante”, refirió.

Para Anticona habría que ver qué datos van a estar en este pasaporte. Si hoy cada país está haciendo una campaña de vacunación y están entregando un cartón donde dice qué vacuna es, el laboratorio y fecha vencimiento, esa información debería estar digitalizada y disponible a nivel nacional, y manejarse de manera integral para que tengan acceso entidades como Migraciones.

Además, ver la trazabilidad de los eventos que hayan involucrado tu salud, un seguimiento del control de las pruebas hechas. Y por último, si has tenido la enfermedad, cuándo la tuviste y hasta qué fecha, para verificar que ya estás libre de la enfermedad.

“En la medida que el Estado pueda garantizar a otro Estado que uno de sus ciudadanos puede visitarlos, brindando información real [sobre su salud], poco a poco se irá diluyendo este concepto de la ilegitimidad”, manifestó Anticona.