La legislación en Perú, permite que la concesión minera mínima abarque 100 hectáreas, pero cientos de ellas están décadas sin tocarse, es decir, no se hace ningún trabajo de exploración, señaló a Correo el ex ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde.

“Son pocas las grandes empresas que tienen esas concesiones y las mantienen por años sin tocarla porque pagan muy poco para conservarlas”, agregó.

En ese sentido, recomienda ajustar la legislación, principalmente para reducir la extensión de las concesiones, quizá a un mínimo de 1 hectáreas, tal como pasa en Canadá y Alaska.

Además, prosiguió, se debe encarecer la vigencia de las concesiones, es decir, por cada año que se mantengan intacta se debe pagar un monto más alto.

“Así, cientos de miles de familias, sobre todo las que están en Acarí, Caravelí y Chala (Arequipa) puedan tener la oportunidad de incorporarse a la formalidad; tendrían opción de trabajar en zonas con potencial minero, pero de forma legal”, manifestó.

El minero informal o artesanal, explicó, arañan los cerros con picos, palas y baldes, para finalmente vender sus metales por pocos soles.

Financistas. Al respecto, Belaunde refirió que existen grupos de personas que financian a los artesanales, quienes, además, procesan el mineral y pagan muy poco a los informales.

“Esas personas financian la actividad de los artesanales y aseguran la producción, que luego procesan en unas plantas instaladas en algunas zonas del país”, comentó.

Al respecto, señaló que el Estado puede jugar aquí un papel importante porque podría poner o administrar, directamente o concesionadas, sus propias plantas de procesamiento, tal como se hace en Chile

“Es una manera de empadronar a quienes trabajan en minería informal, se les paga una cantidad mayor y se retiene un arancel para remediar el daño ambiental”, anotó.

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