Sería letal la reposición por mandato judicial
Sería letal la reposición por mandato judicial

Las comisiones de Constitución y de Trabajo del Congreso pretenden derogar dos Decretos de Urgencia (DU). Uno sobre reposición de trabajadores por mandato judicial y otro sobre negociación colectiva, que, de concretarse, encarecerán las planillas del Estado, sobre todo de las municipalidades.

Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que la reposición por mandato judicial compromete presupuestos de gobiernos regionales y municipalidades, cuyo costo actual es de S/ 151 millones  (al año) y, sin el DU 016 puede subir a más de S/ 1300 millones.

Populista. El abogado laboralista Javier Dolorier dijo a Correo que ese tema ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional (TC), que estableció que el acceso de trabajadores al sector público es mediante concurso público, por mérito y cuando haya  presupuesto.

“Lo que pretende el Congreso es derogar el DU que se dictó en base a los lineamientos del TC para evitar reposiciones de personal que no tienen plazas presupuestadas; no se tiene donde reponerlos; es una medida demagógica y populista”, precisó.

Refirió, que una derogatoria del DU 016 sería inconstitucional porque el Congreso generará gastos “y se sabe que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto”.

Señaló que cuando el Poder Judicial atienda al 100% y, en caso se derogue el DU 016, los gastos por sueldos del Estado se dispararán, sobre todo, de las municipalidades,"muchas de las cuales priorizan sus gastos para sueldos y dejan de hacer obras necesarias para los ciudadanos".

Árbitros. Sobre el DU 014, de negociación colectiva, señaló que derogarlo en este momento no es conveniente, pues, la crisis sanitaria obliga hacer gastos extraordinarios para frenar el contagio del Covid-19.

“Derogar ese DU no es solidario porque solo beneficiará a un reducido grupo de trabajadores, con estabilidad laboral, mientras que millones de personas están sin empleo, sin ingresos; y los ingresos del Estado han caído”, agregó.

Precisó, que cuando una negociación colectiva no es satisfactoria se apela a los arbitrajes. “Los árbitros pueden tener más poder que el Congreso porque tienen capacidad para decidir cuál es el gasto en que incurrirá el Estado”, agregó.