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De los 140 países que participaron en el último Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), el Perú ocupa el puesto 133 en carga burocrática. La precisión, hecha por la , coloca al país como el que mayor regulación gubernamental tiene de todo el bloque de la Alianza del Pacífico.

Es así que el Perú solo se encuentra en mejores condiciones que Venezuela, Brasil e Italia, que ocupan los puestos 140, 139 y 138 del ranking. También supera por poco a Croacia (137), Serbia (136), Argentina (135) y Ecuador (134). Sin embargo, se halla lejos de Chile (45) y algunos puestos por detrás de México (123) y Colombia (126).

Medidas. Para la SNI, los problemas de exceso de carga burocrática responden a la existencia de normas que no cuentan con un análisis económico y legal serio que las sustente, así como a “la ineficiente gestión pública en la atención de trámites que resalta por su discrecionalidad e incumplimientos de plazos legales en los procedimientos que evalúa, en especial en los gobiernos locales, por su baja calidad institucional”.

Ante ello, el gremio empresarial mencionó que este problema necesita de cinco reformas para mejorar la regulación. La primera de ellas involucra al Indecopi. “Primero, aplicar una guillotina que elimine las regulaciones detectadas por el Indecopi como barreras burocráticas ilegales y/o irracionales”, subraya.

Otra de las medidas, aclara, es establecer que todos los trámites que sean más demandados en todos los niveles de gobierno, como los certificados de seguridad de edificaciones y las licencias de funcionamiento, cuenten con un TUPA único nacional.

También recomienda hacer una revisión de la justificación técnica de los silencios administrativos negativos vigentes. Esto iría de la mano con medidas orientadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), entre ellas la implementación de silencios positivos o licencias automáticas.

Además, precisa que una cuarta reforma sería “aplicar sanciones efectivas y rápidas a los funcionarios que exceden los plazos legales para responder solicitudes”, mientras que la quinta sería “exigir que toda norma relevante del Poder Legislativo y de todos los niveles de gobierno cuente con un estudio de análisis de impacto regulatorio que se publique antes de su emisión”.

DATO

En el último informe, Perú bajó 6 posiciones, desde el puesto 127; en tanto que Chile pasó del 21 al 45

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