SNMPE: El Gasoducto del Sur debe ser revertido al Estado

En aras de la transparencia, el proyecto del Gasoducto del Sur del Perú (GSP) debe revertir al Estado, que al mismo tiempo debe convocar a una nueva licitación, con un nuevo diseño técnico y económico, señaló a Correo Carlos del Solar, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Fue al referirse a la aplicación del Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE) o aporte de los usuarios, mediante la tarifa eléctrica, al desarrollo del GSP.

Al respecto, dijo que debe eliminarse el CASE porque ya no tiene sentido, tras las denuncias de corrupción en que está comprometida Odebrecht, la mayor accionista de la empresa concesionaria del GSP.

SUSPENDER. Por su lado, el consultor en energía, Luis Espinoza, señaló a este diario que el CASE sí puede ser suspendido y que está en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tomar una decisión. “Con un decreto supremo puede suspender el CASE, pero en cuanto se reinicien las obras en el proyecto, tendrían que aplicarse nuevamente”, comentó.

Carlos del Solar dijo que una norma que salió del Congreso debe ser cambiada por otra que salga de este poder del Estado.

Congresistas de diferentes bancadas buscan anular la norma que recarga la tarifa eléctrica con el CASE.

Además del CASE, en el recibo de luz hay otro recargo por concepto de electrificación rural.

RECIBO. Espinoza explicó que los estimados del gobierno es recaudar $50 millones al año con el CASE, monto que no va directo a la concesionaria, sino a un fideicomiso, cuyo responsable es Osinergmin.

Agregó que el CASE implica un incremento de entre 1% y 2% en la tarifa eléctrica. Es decir, si se consume S/100 al mes, el recargo por este concepto es de aproximadamente S/2 en el recibo respectivo.

Por ello, Carlos del Solar considera que es imperativo que el proyecto del GSP se revierta al Estado, a la par que se ejecute o cobre los $350 millones de la garantía que se exige en el contrato de concesión.

“Además, el Estado debe pedir una indemnización por los perjuicios que se provoca al país”, agregó.

Correo intentó comunicarse con el MEM, pero no obtuvo respuesta.