"Para asegurar un desarrollo ordenado de la acuicultura es imprescindible un ordenamiento legal transparente, reglas claras y estables", asegura Cayetana Aljovín, presidenta de la SNP.
"Para asegurar un desarrollo ordenado de la acuicultura es imprescindible un ordenamiento legal transparente, reglas claras y estables", asegura Cayetana Aljovín, presidenta de la SNP.

Convertido en uno de los dos únicos sectores que cerrará en azul este año, la pesca enfrentará muchos retos en el 2021 que demandarán, según la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Cayetana Aljovín, del acompañamiento del Estado con políticas promotoras.

El 2020 ha sido un año complicado para la economía, ¿cuál es su balance acerca del desempeño del sector pesquero?

El sector pesquero industrial peruano es un gran dinamizador de la economía. Aporta con 1,5% al PBI en forma directa y genera alrededor de 700.000 empleos. Y por cada puesto de trabajo que se genera de manera directa, se generan otros tres adicionales. A pesar de las dificultades capturamos la totalidad de la cuota en la primera temporada: 2,4 millones de toneladas (t) que se tradujeron en US$1.000 millones en divisas. Y para la segunda se están realizando los mayores esfuerzos para capturar el íntegro de la cuota (2,7 millones de t). Hoy ya estamos al 60% y de lograrlo se traducirá en alrededor de US$1.200 millones en divisas.

¿Hasta qué punto la pandemia desincentivó el desempeño del sector?

El trabajo no ha sido fácil. Este año, a raíz de la pandemia diseñamos e implementamos estrictos protocolos de bioseguridad, tanto para la etapa de mantenimiento como para la operación en flota y planta. Ello demandó una inversión superior a los S/102 millones, y convirtió al sector pesquero en referente para otras industrias.

Según el último reporte de inflación del BCR, la pesca se proyecta como uno de los únicos dos sectores (junto con el agropecuario) que cerrarán en azul en el 2020, ¿qué ha sido fundamental para lograrlo después de la caída de más de 25 puntos del 2019?

Los buenos resultados del sector pesquero en un año tan complicado se deben al esfuerzo y compromiso de los trabajadores y del empresariado. Un factor fundamental es que nuestra biomasa se encuentra muy estable desde hace más de 15 años, con niveles que superan los 8 millones de toneladas gracias a la ley de cuotas.

Para incentivar el consumo per cápita de productos hidrobiológicos, usted ha hablado de implementar sistemas de frío en los desembarcaderos del litoral, ¿cuánta inversión puede significar y quién debería encabezar esa tarea?

Creemos que es un trabajo conjunto entre sector privado y público. Por un lado, el sector privado puede proveer del recurso hidrobiológico, pero compete al Estado instalar la infraestructura necesaria. El organismo especializado en el tema es el Fondepes y le deberían destinar los recursos para construir desembarcaderos con cadenas de frío aseguradas en la mayor cantidad de puertos en el Perú.

En el caso de la acuicultura, considerando que este sector venía siendo impulsado por la derogada Ley de Promoción Agraria, ¿cuál es la propuesta de la SNP para promover este subsector?

Para asegurar un desarrollo ordenado de la acuicultura es imprescindible un ordenamiento legal transparente, reglas claras y estables. De lo contrario, esta actividad de enorme potencial e intensiva en mano de obra, corre el riesgo de no despegar jamás y quedarse en pequeños emprendimientos en lugar de fomentar la asociatividad para minimizar los riesgos.

¿Cuánto pierde la acuicultura?

Con la derogación de la ley de promoción agraria, la acuicultura pierde estabilidad jurídica y, como consecuencia, posibilidades de inversión a largo plazo, poniendo en riesgo miles de empleos que hoy viven de este sector que estaba camino a convertirse en un nuevo motor para el despegue del Perú. Por ello, se debería asegurar un tratamiento tributario promotor de esta actividad.

¿Qué ha impedido que la acuicultura cuente con un sistema de promoción propio?

Aunque ha crecido mucho en los últimos años, a nivel comparativo estamos bastante lejos de nuestros vecinos de Ecuador y Chile, que nos llevan gran ventaja en el desarrollo de esta actividad. Es una industria con mucho potencial, pero le falta objetivos y metas concretas ya que se encuentra desprotegida en muchos ámbitos, debido principalmente al desconocimiento de la actividad por parte de muchos organismos públicos y privados, así como la falta de acompañamiento del Estado para lograr seguridad y afianzamiento de la operación sobre todo con las poblaciones de las zonas de influencia.

¿Han estimado el impacto negativo en la acuicultura al no contar con un sistema de promoción?, ¿estas últimas semanas sin ley han visibilizado algún tipo de impacto?

Con la acuicultura tenemos todas las fortalezas para convertirnos en un jugador de talla mundial. Pero, se necesitan medidas urgentes como dotar de liquidez a este sector, para lo cual deberían generarse fondos de financiamiento a bajo costo, y revisar los procesos de devolución de impuestos para que sean menos engorrosos. Además, como establece la ley, las concesiones deberían ser utilizadas como hipotecas para que las empresas puedan ser sujetos de crédito. También se necesitan iniciativas público-privadas que promuevan investigación en programas genéticos que permitan producir semillas para la actividad acuícola en el Perú. Hoy, tanto los productores de trucha como los de langostinos –las especies de mayor cosecha– importan las ovas y al no haber promoción, existe muy poca formalidad en el sector.

¿Cómo terminará finalmente el 2020 para la acuicultura?

Estimamos que este año terminará con una producción por cosecha de entre 115.000 a 120.000 t.

En el caso de la industria atunera, ¿qué impide que se desarrolle a gran escala como sucede en Ecuador?

En los años sesenta, el Perú comenzó a construir una importante industria atunera pero debido a la expropiación del gobierno militar, desapareció, al igual que miles de puestos de trabajo y plantas pesqueras. Ecuador tomó ventaja de este hecho y construyó una potente industria atunera, que los ha convertido en el quinto país exportador de atún en el mundo, mientras que el Perú ocupa el puesto 48.

¿Por qué se hace difícil contar con una política pública promotora de esta industria?

El Perú podría revertir esta situación si el Ministerio de Economía dictara políticas de promoción, permitiendo, por ejemplo, el reintegro tributario del ISC. Con ello podríamos pasar de capturar 10.000 t a 100.000 t, generar más de 70.000 puestos de trabajo en lugar de 17.000 y generar divisas por más de US$200 millones e impuestos por US$17 millones, en lugar de los US$5 millones que se generan actualmente.

Para el próximo año, el BCR proyecta un crecimiento de 8,5% para el sector pesca, ¿en qué se sustentará ese resultado?

Creo que se debe a un factor rebote pospandemia y también a que la pesca artesanal, que este año estuvo muy deprimida, se recuperará y con ello se reactivará toda la cadena de valor de un sector clave para el consumo humano directo.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector para mejorar su desempeño en el 2021, año en el que tendremos nuevas autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso?

Uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad, es mantener todo lo avanzando en los últimos años gracias al ordenamiento del sector pesquero industrial peruano con la Ley de Cuotas, que protege la biomasa y garantiza su sostenibilidad. Frente a ello, consideramos urgente que se inyecte una dosis de estabilidad en el aspecto político de nuestro país, toda vez que resulta evidente que la inversión privada no se activará si no existe certeza de que las reglas de juego se mantendrán.

¿Algún pedido en particular?

En el sector pesquero no requerimos subsidios ni regalos. Solo necesitamos estabilidad y confianza. En ese sentido, necesitamos tener la certeza de que se eliminarán los sobrecostos que afectan la competitividad de nuestra industria; que se reemplazarán los trámites burocráticos por plataformas digitales; que se continuará con espacios de diálogo como la mesa pesquera; y que se impulsará la industria atunera nacional que ya no es solo una oportunidad sino una obligación moral, sobre todo con el norte del país.

En el caso de las exportaciones pesqueras, ¿cuáles son las expectativas frente a un año que volvería a estar movido por la coyuntura política?

Si bien el 2021 es un año electoral, las perspectivas en cuanto a las exportaciones son similares a este 2020, si tenemos en cuenta que las condiciones oceanográficas de nuestro mar serán estables.

A inicios del 2020, la veda de anchoveta afectó la evolución del PBI, ¿en el 2021 se corre el mismo riesgo?

En enero del 2021 termina la segunda temporada y, de acuerdo a las proyecciones, vamos a cumplir con la cuota asignada. Lo que sucedió en el 2020, es que, a pesar de existir una biomasa abundante, por factores climatológicos ésta se encontraba dispersa y hubo mucha presencia de juveniles, por lo que la temporada se tuvo que cancelar de manera abrupta. En el 2021 esperamos que estos factores climatológicos no se presenten y todo parece indicar que así será, por lo que no habría porque preocuparse.