La proyección sobre la economía peruana no es tan buena, por lo que debe cuidarse el gasto de los recursos públicos, señala el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. En diálogo con Correo dijo que se necesita reducir al mínimo la brecha entre el Presupuesto Público de inicio de año y el presupuesto de cierre del año, que en 2022 fue de 20% y una forma de hacerlo es evitar las transferencias de recursos de los ministerios a gobiernos regionales y locales pues, según dijo, estos últimos gastan con mucha discrecionalidad. Sobre una mayor cobertura de los programas sociales cree que se requiere de una gran inversión para identificar bien a los beneficiarios, sobre todo a los pobres de las ciudades y evitar que se use con fines políticos.


El Proyecto de Ley (PL) del Presupuesto 2024 es mayor en 12% al del 2023

El PL parte del convencimiento de que habrá una recuperación de la economía y de los ingresos tributarios. El 2023 es un año es muy malo y la presión tributaria cae dos puntos del PBI. Además, hay ciertos riesgos. El PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) del 2024 será mayor en 12% al PIA del 2023, es decir S/26 mil millones más. Pero, el más relevante es el Presupuesto Modificado, de final de año. Es costumbre que al día siguiente de aprobarse el presupuesto se le modifica porque se hacen transferencias, se incorporan saldos no utilizados, fondos, y siempre hay diferencia. En 2022 hubo una diferencia de 20% entre el de apertura y el de fin de año. En lo que va de este año ya hay una diferencia de 12%.


¿Siempre es así?

La recomendación de la OCDE, y otras entidades, es que el PIA y el Presupuesto Modificado sean el mismo porque da mayor predictibilidad y, probablemente, el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF), en esta oportunidad, esté incorporando los respectivos presupuestos al inicio de año y no esperará a la ejecución. Si es así, se comienza a sincerar el presupuesto del año.


El Presupuesto 2024 pondrá énfasis en los programas sociales.

La pobreza se ha acentuado en la zona urbana; está poniendo énfasis en potenciar algunos programas sociales, empezando por un empadronamiento de la población vulnerable en zonas urbanas; es una novedad. En Lima, la pobreza creció en 1.5 millones de personas, entonces el esfuerzo pasa por controlar bien a los beneficiarios. El programa Juntos se ampliaría a la zona urbana. Es muy importante que se haga con mucha precisión para evitar filtraciones o se use con otros fines. Por otro lado, se apuesta por incrementar el gasto en inversión pública, las partidas de inversión de los tres niveles de gobierno suman S/65 mil millones, está bien, pero, la cuestión es gastar de forma eficiente y que no sea un tema contable, tener un mayor presupuesto no garantiza obras de calidad.


¿Falta calidad en el gasto?

La calidad es fundamental, se tiene muchas obras inconclusas, hay un problema muy serio para liquidar obras (que determina el valor monetario de una obras realizada versus lo que se ha pagado). Se puede culminar una obra, pero hacer el cierre de la obras es un problema muy serio que tiene el Ministerio de Economía y todas las entidades públicas. Además, hay muchas obras paralizadas con arbitrajes, la Contraloría hace un seguimiento constante y no baja; implican S/20 mil millones en promedio. Además, hay estudios que muestran que, por lo menos, el 5% del PBI se pierden todos los años por ineficiencias vinculadas a las compras públicas, casi S/25 mil millones. Se suma la corrupción, el contralor ha alertado que unos S/24 mil millones se pierden por corrupción..

Mucha plata se pierde en medio de tanta pobreza...

Es importante que se fortalezca el proceso de pre inversión y de planificación, incluyendo la operación y mantenimiento para que el impacto social sea contundente. Hay zonas muy ricas por el canon minero, pero tienen una gran brecha de agua potable y saneamiento porque invierten en obras que no tienen impacto en la gente. El presupuesto público aumentó en los últimos 12 años; el sector Transportes en 2.5 veces; Educación en 3.5; Salud en más de 3 veces, pero no vemos resultados satisfactorios para la gente. Un ejemplo muy notorio es el que se haya invertido mucha plata para encarar los desastres, pero el problema sigue igual.


¿Y la gestión pública?

Se necesita mejorar la gestión pública, fortaleciendo las entidades. Un estudio de Servir señala que de los encargados de realizar los procesos de inversión pública a nivel nacional, solo el 10% está capacitado, pasa el examen de aptitudes. Es un problema muy serio al que se suma la alta rotación de autoridades y la corrupción. También la ausencia de la Contraloría en muchos proyectos, que están muy atomizados. Para lograr eficiencia y atender bien a la población con servicios públicos de calidad, se requiere avanzar. Aprobar más plata no es una garantía de éxito.


¿La atomización de obras facilita la corrupción?

Hay demasiados municipios en el país. En Colombia, la población promedio de una municipalidad es de 300 mil, en Perú es menos de 10 mil. Hay una inclinación de los políticos en Perú de crear más distritos y esta atomización no favorece porque no permite aplicar una economía de escala, de aglomeración, para atender mejor a la población. Además, predominan los proyectos chicos, como el caso de la región Moquegua, que tiene más de 1000 proyectos en el banco de , se debe hacer un filtro por tamaños. Hay proyectos muy pequeños que se ejecutan, lamentablemente, bajo la modalidad de administración directa, no hay contrato y la fiscalización es mucho más difícil. Hay gobiernos locales que en lugar de decidir por una inversión adecuada se dedican a hacer empresas de construcción y aquí vienen muchos de los problemas de corrupción.


Es un gran problema...

Es un problema estructural en el país. Ni la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ni los G2G incluyen a los miles de pequeñas proyectos, están fuera del radar, no atienden las necesidades básicas de la población. El problema es que hay muchos distritos en el país. Lima tiene 42 mientras Bogotá tiene una municipalidad metropolitana. Corresponde al Ejecutivo tomar la iniciativa, pero el Congreso aprobó la creación de al menos 48 distritos desde 2004, teniendo picos en 2015. Desde el 2021, los intentos de creación de distritos son más de 100. Obedece a móviles políticos. Es difícil reclutar personal que vaya a distritos con poca población que sepa de contrataciones, gestión pública, de planificación y control interno. Por esto es que no bajan los niveles de incidencias de corrupción. Este es un tema central que demanda una discusión profunda sobre la descentralización, que tenga una estructura más funcional.


Los programas sociales tienen un gran filtro, ¿verdad?

La pandemia ha generado un gran problema de pobreza urbana, en las ciudades, como Lima, en particular. La cuestión es que todos los programas sociales han estado enfocados en los distritos más pobres de en la zona rural, en los que por definición el riesgo de la filtración era menor, pero ahora que se debe atender a las ciudades, donde se impone la informalidad, es muy difícil evitar la filtración. Se vio con el programa Yanapay (programa que entregó S/350 a más de 10 millones de peruanos) porque identificar a beneficiarios fue muy difícil, que obligó a cruzar base de datos de diferentes fuentes oficiales.


¿Qué es lo más difícil del proceso de identificación?

Ubicar a las personas que no tienen alternativas de generarse ingresos porque están en la informalidad. Pero existe un doble riesgo al intensificar los programas sociales: uno es la deficiencia de las filtraciones y dos es que se puede crear dependencias que luego es difícil de revertir porque se vuelve un tema social y político. Es importante que se inviertan recursos en identificar a quienes si y quienes no beneficiar porque una vez que se vuelva un derecho adquirido se hace muy difícil mantenerlo porque es gasto corriente y gasto rígido. Hay mucha presión política para ampliar programas sociales sin considerar que deben ser focalizados porque los recursos son escasos. Como se quiere ampliar la cobertura de los programas sociales, creo que el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) debe retornar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque irrogará mucho recurso del Tesoro Público en medio de una proyección económica que no está para hacer carnavales y farras.


¿Se debe ser más cauto?

No solo se trata de mandar gerentes públicos, sino de impulsar más la Ley Servir porque pocos han entrado, además de repensar los sistemas administrativos que están para ciertos prototipos de identidad pública, pero hay una gran heterogeneidad. Además, teniendo en cuenta que una fuente de corrupción son las transferencias que hacen los ministerios a los gobiernos regionales y locales. Uno de estos casos es el Ministerio de Vivienda que hace transferencias, las que finalmente son bolsas de recursos en los que hay mucha discrecionalidad, es preferible que los proyectos aparezcan con nombres y apellidos cuando se aprueben los presupuestos para así quitar la discrecionalidad, que muchas veces es mal utilizada. Además, todas las empresas públicas están fuera del ámbito de la Ley de Presupuesto, como el Fondo Mivivienda, que recibe transferencia del Ministerio de Vivienda, Agrobanco y Petroperú; son fuentes de contingencias enormes. Hay muchas cosas que se debe hacer para maximizar los recursos, que generalmente es plata de los contribuyentes.