152 funcionarios se libran de inhabilitación en Arequipa por sentencia del TC

En Arequipa son aproximadamente 152 funcionarios que se salvaron de ser sancionados por la Contraloría General de la República (CGR), con una suspensión o inhabilitación de hasta 5 años para laborar en instituciones públicas, a consecuencia de la ratificación del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que recortó la facultad sancionadora.

Los trabajadores están incursos en 25 auditorías realizadas por los servidores de los órganos de control institucional durante el 2018 y uno durante el 2019.

Del total de los detectados, según los informes publicados en la página web de la Contraloría, aproximadamente 17 son trabajadores implicados en irregularidades en el tramo III de la Variante de Uchumayo con el perjuicio de 2 millones 800 mil soles.

Entre algunas observaciones, los trabajadores aprobaron el expediente técnico del proyecto, pese que el documento tenía deficiencias y estaba incompleto, lo que generó que la obra tenga sobrecostos.

Otros, firmaron un convenio con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) para la contratación de la empresa ejecutora, y la supervisora, sin contar previamente con la disponibilidad física del terrenos, lo que llevó a un incremento del presupuesto en la elaboración del expediente técnico.

MUNICIPIO

Entre los beneficiados por el TC están 3 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa por el viaducto Salaverry. Se trata del exgerente municipal Óscar Carrillo; exsubgerente de Logística Alfredo Muñoz; y exgerenta de Asesoría Jurídica Hilda Carpio, por contratar en mayo del 2017 a la OIM, con el fin de que seleccione a la empresa que se encargaría de la construcción del viaducto. Según la Contraloría, el municipio iba a pagar 836 mil soles por este servicio, si el contrato no se anulaba, porque no tenía la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

En tanto, 19 trabajadores son del municipio de Sachaca por contratación de empresa para actualizar los valores arancelarios de terrenos urbanos que permitan fijar el impuesto predial, pero incumplieron la norma. También están 14 trabajadores del GRA por la obra de agua mal ejecutada en el distrito de Paucarpata, otros 10 de la misma institución por saneamiento en La Planchada y 7 del Honorio Delgado por cobros del SIS.

INHABILITADOS

La resolución del TC, incluso ocasionó problemas en los informes que estaban a punto de publicarse y notificarse con las sanciones, pues ahora deben reformular las resoluciones, sugiriendo a los titulares de las entidades a abrir procesos administrativos.

Penales. Las auditorías que terminen con responsabilidades penales y civiles continuarán ejecutándose.