Defensoría del Pueblo: 213 conflictos sociales están latentes en el país

Un reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 213 conflictos sociales en el país, de los cuales 50 están en el sur. Sumados a los de Ayacucho y Apurímac, el número se eleva a 84.

El Reporte de Conflictos Sociales N° 138 de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de agosto de 2015, precisa que de los 213 conflictos, 153 están activos y el resto se considera latentes.

Para este organismo, la atención oportuna de estos casos puede evitar que la lista de situaciones problemáticas aumente, en desmedro de la tranquilidad de los ciudadanos.

El panorama nacional tiene más de un punto de coincidencia en la tipología de estos problemas. Los temas de demarcación territorial y sociambientales lideran la lista y predominan en los casos nuevos que fueron reportados en este organismo ciudadano.

Para muestra un botón. En Cusco, las comunidades campesinas de Coporaque han reiterado sus reclamaciones al Estado respecto a los efectos que podría tener en su jurisdicción la explotación de la mina Constancia, de Hudbay y exigen que su distrito sea incluido en el área de influencia del proyecto.

A la par, en Moquegua , los pobladores de la comunidad campesina de Aruntaya exige a la empresa minera Aruntani SAC cumplir con un plan de responsabilidad social a favor de la comunidad antes de su retiro de la zona.

Casi lo mismo piden en Pasco. Nuevamente comuneros son los que elevan su voz de protesta en Huachón, pidiendo que Statkraft Perú S.A. evalúe los impactos sobre sus pastizales afectados por el embalse y desembalse de agua de la represas en las lagunas Jaico y Altos Machay.

SUR CALIENTE. El mapa de conflictos consigna 22 casos en Apurimac, 21 en Puno, 16 en Cusco, 12 en Moquegua, 7 en Arequipa, 4 en Tacna, y 2 en Moquegua.

Los problemas socioambientales ocupan el 66,7% de los conflicto y en la mayoría de estos casos, las actividades mineras son las de mayor incidencia.

A esto hay que sumar lo que la Defensoría considera Alertas Tempranas, que son problemas a punto de estallar y que deberían ser tomados en cuenta por las instituciones competentes para que realicen acciones de prevención y evitar el escalamiento de los casos.

En mayor detalle, el informe en cuestión precisa lo siguiente:

En Arequipa está el caso de pequeños mineros y mineros artesanales informales que solicitan al Estado facilidades para seguir operando hasta lograr su formalización. Están agrupados en la base regional de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores MinerosDistritos de Dean Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón en Islay.

El caso Tía María es de tipo socioambiental y se encuentra activo. El informe refiere que dos semanas después de haber culminado el plazo de Estado de Emergencia en la provincia de Islay, las movilizaciones en rechazo al proyecto minero en los distritos de Déan Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón se habían retomado.

Está también el caso de ciudadanos y pescadores de camarón del Valle de Ocoña que se oponen a la aprobación del Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010”, pues temen que se ponga en riesgo el volumen del río Ocoña poniendo en peligro la extracción del camarón.

En la lista de conflictos en Arequipa se incluyó al protagonizado por alumnos del Instituto Honorio Delgado por la construcción de un campo deportivo, así mismo un caso contemplado en la Autoridad del Agua Caplina, Ocoña y otro en Tapay, Caylloma, respecto a minera Buenaventura.

En Ayacucho, en el distrito de Morcolla, Sucre, Tuntay el caso permanece activo y se refiere a las operaciones de Laconia Southamérica. El Presidente del Frente de Lucha para la Defensa del Apu Ccarhuarazu informó que efectúa coordinaciones necesarias para realizar una visita a la provincia de Sucre el 26 de setiembre, a la que asistirían representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de Energía y Minas, Autoridad Nacional del Agua entre otras, para abordar la problemática minera.

Cusco es otra región conflictuada. Como activos en esta región están el protagonizado por autoridades y pobladores del centro poblado

Quincemil (capital del distrito de Camanti) que demandan la intervención de las autoridades para atender problemática de la minería informal que se desarrolla en sus territorios, debido a que estaría afectando el medio ambiente y las actividades forestales y agrarias que se desarrollan en la zona.

Además, pobladores de la provincia de Espinar exigen al Estado y a la compañía minera Antapaccay S.A. el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la mesa de diálogo que concluyó en julio de 2013. Según apunta la Defensoría, estos acuerdos están recogidos en un plan de acción ambiental y sanitaria, y en un programa de inversión. Otro caso es el que protagonizan pobladores de Canchis que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica de Sallca Pucará ya que temen que dejaría sin agua a sus localidades. Se oponen también a las concesiones mineras en la provincia.

PROBLEMAS. Hay también problemas en la comunidad campesina Haquira donde reclaman por la posible contaminación y mala ubicación de un botadero, así como en la comunidad campesina de Uchuccarco que piden a la empresa minera Hudbay Perú la suscripción de una segunda adenda al contrato de autorización de uso de terreno con fines mineros y convenio de desarrollo social que suscribieron en el año 2012. Así como este hay otros dos más.

Un caso nuevo es el protagonizado por el Frente de Defensa, el Comité de Lucha, las comunidades campesinas y las organizaciones populares del distrito de Coporaque que exigen al Estado y a la empresa minera Hudbay se considere al distrito dentro del área de influencia directa del proyecto minero Constancia.

El mismo reporte de la Defensoría contempla a Puno como una de las regiones con mayores problemas. Por destacar están los casos de Ananean, donde la minería informal es un gran problema pues exigen la interdicción de la minería ilegal en la cuenca Ramis.

En San Gabán, Carabaya, está la Hidroeléctrica San Gabán. El caso está en observación y puede pasar a estado activo.

En Anapía, Yunguyo y en Paratía hay también conflictos, lo mismo que por el trab ajo de Ciemsa, el que se teme pueda pasar a ser activo.

En Tacna, agricultores de la Junta de Usuarios de los Distritos de Riego de Tacna, se oponen al proyecto “Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda”, a cargo de Southern Perú Copper Corporation porque, entre otras demandas, restaría agua a la

actividad agrícola

Igualmente, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna y otras organizaciones se oponen a la explotación minera de Minsur por posible contaminación del recurso hídrico.

Además, en La Yarada, la Asociación de damnificados de la comunidad Ancomarca expresan su rechazo al sellado de pozos informales a las acciones lega les interpuestas por el Proyecto Especial Tacna (PET) por posesión precaria de terrenos destinados a la ejecución del proyecto acuífero Vilavilani II.

Violencia. En relación a la violencia en los conflictos, es importante señalar que entre el 1 y el 31 de agosto se registraron 72 heridos y dos muertos. La Defensoría del Pueblo lamenta estos sucesos y exhorta a todos los actores involucrados en conflictos sociales a continuar la vía del diálogo como una forma de gestionar sus casos.

No obstante, la Defensoría del Pueblo justifica su intervención en los problemas sociales, cuando están en riesgo o se vulneran los derechos de las personas.

Así mismo si la confrontación violenta afecta la gobernabilidad local, regional y nacional, o si se desfavorece las condiciones para el desarrollo.

Igualmente si se desestimula una cultura de diálogo y paz.

Un aspecto interesante es que el gobierno nacional es considerado primera instancia de competencia en la solución de estos problemas. La conclusión se aplica a 136 del total de casos, seguido de los gobiernos regionales (42 casos) gobiernos locales (22) y el Poder Judicial (7) .

El órgano defensorial especifica que un conflicto social “debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”.