Advierten peligros para los ciudadanos por las rondas

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Diego Chirinos, opinó que se deben impulsar las juntas vecinales y serenazgo de las municipalidades, como alternativa para combatir la inseguridad ciudadana y no optar por expandir las rondas campesinas en Arequipa, pues podría crear conflictos entre la población.

Esto luego de la conformación de la Coordinadora Regional de Rondas de Arequipa, como efecto del anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Crear rondas campesinas o urbanas sería crear conflictos internos con la naturaleza misma de las personas. No estamos en los tiempos antiguos donde se recortaban libertades. (…) El Estado debe priorizar las juntas vecinales y serenazgos para mejorar la seguridad ciudadana”, observó.

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Trabajo con serenazgo

En Arequipa, existen 400 juntas vecinales conformadas por ciudadanos locales. Su trabajo es formar una red de comunicación con serenos y la Policía Nacional de Perú para disuadir y fiscalizar espacios públicos.

Las funciones de juntas vecinales y serenos no pueden extralimitarse. Chirinos explica que ir más allá de ser un apoyo en la labor de la Policía crearía una duplicidad de funciones, en consecuencia, se iría en contra de los derechos humanos y libertad de las personas.

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Ya están organizando las rondas

Durante el fin aparecieron aparentes organizaciones bajo el nombre de rondas urbanas, una de ellas la Coordinadora Regional de Rondas Campesinas y Urbanas que organizó un encuentro el sábado en  Paucarpata y donde participaron delegaciones de distritos como Yura, Cayma, Cerro Colorado y Socabaya y donde el punto de agenda fue el transporte de la ciudad. Una publicación en Facebook da cuenta de la “Aparente corrupción en el transporte público entre la MPA y en el SIT” y donde además se menciona “importante evasión de impuestos y lavado de activos”.

Lo curioso es que entre los promotores de estas aparentes organizaciones hay representantes de empresas de transporte que quedaron fuera de las licitaciones del SIT; así como otros que oficiaron como delegados de grupos de derechos de mujeres y  familia en distritos.