Aldo Ramos, abogado de Elmer Cáceres: “Sí debe investigarse por cohecho, pero sobre todo en libertad”

La suerte del gobernador regional Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se decidirá en los próximos días. La Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva en su contra, al considerarlos como presunto líder de la red criminal Los Hijos del Cóndor.

Mientras tanto, su abogado defensor Aldo Ramos, asegura que el Ministerio Público no ha podido presentar hasta ahora elementos de prueba que comprometan a su patrocinado en la presunta organización delictiva. En conversación con Correo, el letrado refirió que la investigación contra su patrocinado debe darse en libertad y por el presunto delito de cohecho.

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Para la Fiscalía, Elmer Cáceres Llica es el líder de una red criminal. Sin embargo, en audiencia usted ha referido que no hay delito, incluso el gobernador ha indicado qué habría una suerte de persecución política ¿En qué se basa?

El Ministerio Público ha postulado que hay una supuesta organización criminal (...) Creo que el elemento más importante de la Fiscalía son las transcripciones de los audios, sin embargo, en este momento decimos que no pueden ser usadas. La Ley establece que una vez que el agente especial termina su trabajo, el Ministerio Público debe solicitar la confirmatoria judicial, es decir, lo somete a conocimiento del juez y el juez tiene que validarlo y emitir una resolución de aprobación. Frente a eso, la defensa también tiene derecho de reexamen de esos elementos, eso no ha ocurrido todavía. Lo más relevante que debemos mencionar es que la Fiscalía habla de audios, no son audios son transcripciones de audios (…) Por eso consideramos que no existen fundados y grabes elementos de convicción.

El público en general ha tenido acceso a audios comprometedores del gobernador. Hay fotos de las reuniones con los consejeros involucrados y dinero que se le habría dado al testigo protegido ¿Cómo evalúa la tesis fiscal en base a estos hallazgos?

La Fiscalía está diciendo que ha habido supuesta entrega de dinero. De una de ellas dice que ha sido en un lugar público y nosotros decimos que mi patrocinado ha sido sometido a diferentes técnicas de geolocalización y videovigilancia. Significa que la Policía lo ha estado siguiendo en secreto, han estado tomando fotografías en cada momento. De una de esas entregas, que dicen habría sido en una cevichera, ¿dónde están las fotografías que le ha tomado la Policía si en cada momento lo estaba siguiendo? Ni siquiera se nota la presencia de gobernador, eso para nosotros es muy importante para desbaratar que no existe esa supuesta entrega. Ahora, el agente especial, cuando ha hablado con la Fiscalía, se ha comprometido a proveer diferentes medios de investigación para acreditar la denuncia. Entonces le han dado celulares, equipos de videograbación. Nos resulta absolutamente curioso que la agente especial no haya grabado ese momento en el cual se esta haciendo la supuesta entrega que nosotros negamos. Ahora, es muy importante ver que la Ley de Crimen organizado, cuando se designa un agente especial, dice que apenas tu recibes un elemento de convicción, tú tiene que inmediatamente ponerlo de conocimiento a Fiscalía, pero ¿qué ha hecho la agente especial supuestamente? Se ha demorado más de un mes y ha ido recién a entregar ese supuesto dinero a la Fiscalía... eso es un incumplimiento a la ley que el juez no puede permitir a la Fiscalía.

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Los delitos que se le imputa son organización criminal y cohecho activo genérico. Para usted no se habría cometido algún delito ¿Qué presuntos sí se configurarían según el análisis que ha hecho? El análisis que hemos a la supuesta organización criminal es que, el Ministerio Público ni siquiera ha definido fácticamente la finalidad. La ley dice que cuando nace una organización criminal es para afectar gravemente a la sociedad. La Fiscalía, lo que ha dicho es que ha habido un pacto entre el gobernador y los consejeros, y dice en esos términos que el gobernador es el hombre clave y de los consejeros que son el órgano de soporte. Entonces, de ese supuesto órgano que habla la tesis de la Fiscalía, refiere que lo han hecho por gobernabilidad, para que no sea fiscalizada, para que sea llevadera la gestión y esa evidentemente no es una finalidad delictiva. Lo que sí ha dicho la Fiscalía es que a cambio habían recibido algunas dádivas los consejeros. Lo que hemos conversado con mi patrocinado es que él realizaba diferentes promesas vacías que nunca las ha cumplido porque hoy después de dos años de investigación se acreditaría lo que se dijo en algún momento han hablado con la consejera Díaz donde le ofrecieron poner un residente, de beneficiarse de terrenos en asociaciones, se habló inclusive de un departamento, de poner a personal a trabajar. No existe un solo documento, un solo indicio que haya presentado en este momento la Fiscalía donde el gobernador le haya cumplido esos requerimientos. Está bien, en el delito de cohecho genérico solo basta el ofrecimiento, pero hay que tomar en cuenta si es que tú estás hablando la verdad o estás fanfarroneando. Esa podría ser una hipótesis por las cuales el gobernador ha hecho tantas promesas que no han sido corroboradas actualmente. (...) ¿Dónde están los terrenos, dónde están los testaferros? No existen, solo es el dicho de la agente especial y claro, todo el dicho de los contextos que podrían sugerir algún hecho ilícito. (...) Son diferentes actos desarticulados que pueden ser consecutivos de delito, sí, pero hoy día eso no constituye organización criminal de ninguna forma. Y probablemente sí haya hechos aislados de presunto delito de cohecho que deben ser investigados en cada uno de los funcionarios, pero no en la modalidad de organización criminal que nunca ha existido. El gobernador habría hecho promesas vacías… Sí, vacías con la finalidad de que lo dejen gobernar. Él ha sentido mucha presión del consejo regional para que no fiscalicen. Él ha prometido diferentes hechos que hoy día, luego de dos años que ha salido todo a la luz, no se puede probar absolutamente nada porque no ha cumplido.

El abogado anterior declaró en otro medio de comunicación que se ha apartado del caso por ocultamiento de información ¿Con usted es diferente? ¿Le ha contado todo? Sí, nosotros no hemos conversado con el abogado anterior. Toda la información que tiene la Fiscalía ha sido producto de un operativo. ¿Qué podrìa haber ocultado mi patrocinado si en el momento que ha sido detenido tiene una conducta neutral y de forma pacífica lo detienen y lo llevan a la Dircocor. (...) Esa es una actitud de transparencia, no de querer ocultar información, sino màs bien de decir que “no tememos nada”.

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El gobernador ha dicho que va colaborar con la justicia, pero no entregó sus celulares. ¿No se contradice? No, las autoridades que representan a una institución tienen un teléfono que les da la propia institución. Ese teléfono es voluntario. El teléfono anterior pertenecía a la exgobernadora Yamila Osorio, mi patrocinado nunca quiso aceptar el teléfono de la doctora.

¿Y el suyo? El suyo sí lo utilizaba. En el momento de la intervención estaba en una reunión en Miraflores en la casa del tío de la esposa de mi patrocinado. Cuando se ha hecho la detención de mi patrocinado, la policía ha entrado por las paredes como delincuentes, realmente encapuchados (…) Pese a eso lo han agarrado, pero lo que no podìan ahcer es entrar porque la orden de deserraje era para la casa de Cerro Colorado. Lo que sí me dijo es que su celular estaba en la casa de la reunión. Entonces es falso que el gobernador haya querido ocultar su celular.

Entiendo que usted hará la entrega del celular ¿por qué esperar? Claro, naturalmente (...)Nosotros nos unimos a la defensa el 31 de octubre en ese lapso ustedes saben que son días feriados. A nosotros no nos han requerido.

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Hay rumores de que el gobernador está mal de salud ¿Cuál es su situación actual? El gobernador está enfrentando cuadros de estrés, depresión y no come. Inclusive cuando lo he ido a visitar a la carceleta lo he visto delicado de salud. Nosotros vamos a solicitar que se haga una evaluación de su estado físico por un médico, eso es lo que corresponde.

¿El gobernador se arrepiente de algo durante estos años de su gestión? Se arrepiente de no haber tenido mayor coordinación con sus gerentes y frente a algunos ofrecimientos y solicitudes que se le han hecho él ha debido hacer las denuncias, eso es lo que me ha manifestado. Él ha tenido que ser más enérgico y poner mano firme (...) Pero él político no vio esta posibilidad que se le pudiera luego relacionar con una estructura criminal.

¿Acepta algún error? Por supuesto, él también está muy arrepentido porque este cargo político lo ha alejado de su familia. Sufre mucho por su familia, sobre todo por su menor hija y sus padres ancianos que están mal de salud.

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¿Después de este caso le ha indicado si va seguir en la política? No hemos conversado de eso.

¿Cómo la defensa, en algunos casos que se favorece al gobernador sí acepta estos audios, pero en otras partes donde lo perjudica, no? Lo que debe quedar claro es que en muchos audios se da cuenta que la persona del gobernador no se reúne con los consejeros. Tiene una política muy esquiva (...) él por llevar la gobernabilidad no ha denunciado algunas malas prácticas de los consejeros que nosotros entendemos han estado haciendo uso y abuso de la facultad de interpelación y fiscalización (...) Son actuaciones aisladas. Lo que pedimos al juzgado que va resolver es que entienda que el día de hoy esos audios sí hacen un relato fabuloso, pero los elementos de convicción para configurar una organización criminal no existen. Sí debe investigarse por cohecho, pero sobre todo en libertad (...) nosotros hemos dicho que el gobernador, consejeros y funcionarios deben ser investigados, pero en libertad.

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