En lo que va del año se abrieron 15 procesos administrativos sancionadores por invasiones y destrozos al patrimonio cultural en la región, informó el director del Órgano Desconcentrado de Cultura de Arequipa, Harold Loli. Estos casos incluyen afectaciones a inmuebles históricos y a zonas arqueológicas que están en provincias.
Cada semana reciben entre 7 y 12 alertas que provienen de denuncias ciudadanas o verificaciones en campo que realizan los trabajadores. Una vez comprobado el hecho, se abre una investigación preliminar y, si corresponde, se inicia un procedimiento administrativo sancionador.
“Tenemos aproximadamente unos 10 a 15. Desde el año pasado tenemos otro grupo en la misma cantidad (...) Se abren estos y de ahí se concluye si se envía a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones”, refirió.
Las afectaciones suceden en su mayoría en el centro histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Allí, las construcciones sin autorización y las modificaciones en casonas coloniales representan la mayor amenaza. A esto se suma, el incendio que ocurrió hace semanas en la calle Jerusalén, que ya pasó a instancia judicial.
REPORTE
En cuanto al patrimonio arqueológico, se detectaron invasiones y obras no consultadas en diferentes provincias. Entre los reportes más recientes están en Punta de Bombón (Islay), Tanaka y Yauca en Caravelí, Puyca en La Unión y zonas en Cotahuasi. Estos lugares, que albergan restos prehispánicos, fueron ocupadas con fines de vivienda o para habilitación de vías, según informó Loli.
“Gran parte de los daños tienen origen en la expansión urbana, pero también hemos identificado intervenciones asociadas a actividades mineras y la apertura de accesos carreteros sin consulta previa. Precisamente de estas 10 a 15, también hay sanciones a compañías mineras”, sostuvo.
Cuando se abre un procedimiento administrativo sancionador, este puede derivar en sanciones económicas contra los responsables. Sin embargo, en casos de mayor gravedad, pasan al ámbito judicial. La ley establece que atentar contra un bien cultural declarado constituye un delito penado con cárcel desde 4 a 8 años.
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