El alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, y ocho de sus funcionarios de confianza son investigados por el presunto delito de negociación incompatible. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar tras una denuncia que alerta sobre una presunta red que direccionó contratos públicos hacia empresas de familiares de proveedores entre 2010 y 2024.
Entre los investigados figuran el gerente municipal Antonio Acosta Villamonte, el asesor de alcaldía Víctor Hugo Aguilar Gonzales, y el exadministrador y actual asesor de obras, Noé Enrique Cáceres Medina. También están implicadas Ana Cecilia Choque Santos, actual jefa de Logística; Amalia Mamani Gutiérrez, encargada de procesos de selección; y los exjefes de Logística, Rocío Campana Chacca y Raúl Adrián Mayta Guerrero.
CLANES
Una de las familias más favorecidas sería Manrique Ibarcena. Manuel Hugo Manrique, gerente de A&M Contratistas S.R.L., contrató por más de S/ 58 millones. Sus hermanas Ana María y Edith Gloria, gerentes de Junior’s Contratistas S.R.L. y Consorcio Sur Andino, sumaron más de S/ 5 millones y S/ 672 mil, respectivamente. Según la denuncia, funcionarios de Logística facilitaron estas adjudicaciones.
También aparece Víctor Riquelme Aguilar, gerente de Varick Construcciones, con contratos por más de S/ 41 millones. Su esposa, Karina Chirinos, al frente de ABP S.R.L., firmó convenios por S/ 32 millones. El entorno del asesor Aguilar Gonzales habría influido en estos procesos, señala la Fiscalía.
Otro caso es el de Darío Ortiz Flores, quien contrató por S/ 1.2 millones. Su esposa, Ruth Huamán Cahuana, sumó S/ 863 mil y su hija Estefany Ortiz Ancco, S/ 721 mil adicionales. Esta última también figura como gerente de Cubika EIRL, que obtuvo contratos por S/ 65 mil. La familia Palaco, encabezada por Anastacio Palaco, firmó convenios por S/ 1.9 millones. Sus hijos, a través de J&H Palaco SRL, recibieron S/ 1.2 millones más.
Si se confirman las irregularidades, los funcionarios implicados podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y sanciones civiles por el presunto perjuicio al Estado.
CASO
La investigación preliminar durará 60 días. El denunciante ha solicitado la reserva de su identidad por riesgo a represalias.
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