La ejecución del proyecto hidroeléctrico OCO 2010, a cargo de la empresa Ocoña Hydro S.A. ha generado un rechazo de los pobladores. Según el Ministerio de Energía y Minas, el anexo de Chaucalla, ubicado en el distrito de Toro, provincia de La Unión, ya no forma parte de este distrito, sino que pertenece a Yanaquihua, en la provincia de Condesuyos. Situación que generó malestar entre los pobladores y sus autoridades.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante el oficio N.º 2175-2025-MINEM/DGE, informó que el área del anexo de Chaucalla, donde se ejecuta el proyecto, pertenece a los distritos de Yanaquihua y Chichas en Condesuyos, según el plano oficial N° U010-2025-DEG-DCE. Sin embargo, el alcalde de Toro, Jonathan Álvaro, indica que Chaucalla pertenece históricamente, desde 1857, a su distrito, según los registros en la Sunarp, por lo que atiende a los 50 pobladores de la zona en disputa con los programas sociales como Pensión 65. La dirección en el DNI de estas familias figura, Toro, La Unión.
PROBLEMA
El burgomaestre denunció que el cambio de jurisdicción sería una “estrategia para viabilizar el proyecto”, porque parte de la obra se encuentra dentro del Área Natural Protegida de la Reserva Paisajista de Cotahuasi, lo que haría inviable la ejecución de la hidroeléctrica. Sin embargo, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Detallado, el proyecto contempla una represa derivadora de concreto de 30 metros de altura, un túnel de 18.9 kilómetros y una casa de máquinas con dos unidades generadoras de 85.18 megavatios de energía eléctrica cada una, con una inversión aproximada de 450 millones de dólares.
Según el EIA Detallado, aprobado el 3 de agosto de 2021, la represa afectará 22 hectáreas dentro del área protegida y 17 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Cotahuasi. El embalse ocupará 39 hectáreas y almacenará 3.2 millones de m3 de agua, desviando parte del río Ocoña y del río Chichas.
OPOSICIÓN
El Consejo Regional de Arequipa, mediante el Acuerdo Regional N°105-2021, declaró de “necesidad e interés regional la oposición al proyecto”, argumentando que vulnera el derecho constitucional a un medio ambiente equilibrado. Los alcaldes distritales de La Unión, luego de reunirse con algunos consejeros, solicitaron que el gobernador Rohel Sánchez remita esta posición al Minem.
Además, el presidente de la comunidad campesina de Ispacas del distrito de Yanaquihua en Condesuyos, Perico Sivincha Torres, salió en contra del proyecto por los daños que causaría a la actividad de la extracción del camarón en la cuenca del río Ocoña que abarca los ríos Marán, Cotahuasi y Chichas, afectando a 100 familias. También afectaría a la agricultura en los valles como Chaucalla, Quiñaca, Llaico, La Barrera, Yause y Kiscayoc, entre otros.
Aunque el EIA plantea medidas de mitigación como un plan de repoblamiento de camarones a través de larvas en hábitats idóneos para su crecimiento y desarrollo y la construcción de una escalera biológica para peces y crustáceos, los pobladores y autoridades advierten que no otorgarán la licencia social necesaria y evalúan protestar si el Gobierno central insiste en la construcción de la hidroeléctrica.
“Al quedar fuera de la zona de influencia, nuestro distrito perdería el canon hidroenergético y como somos área protegida, tampoco recibimos canon minero”, alertó el alcalde de Toro.
SEGUIMIENTO
El jefe de la Oficina de Dialogo y Gobernanza del GRA, Marco Sipán Torres, se comprometió a realizar un seguimiento del conflicto limítrofe, así como el proceso de la aprobación del EIA, considerando que, al ser una zona protegida, no debería ejecutarse la hidroeléctrica.
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