Según el prefecto regional de Arequipa, Francis Alarcón, en la región Arequipa existen cuatro conflictos latentes, la mayoría de carácter socioambiental.
El primero corresponde al problema de delimitación entre los distritos de Acarí y Bella Unión, en la provincia de Caravelí. A causa de este conflicto, pese a los diálogos, los pobladores de Acarí se opusieron a ser censados en el Censo Nacional 2025 realizado por el INEI, trabajo que termina hoy.
Ante esta situación, la prefectura convocó a las autoridades y dirigentes a una reunión en la prefectura para los días 17 y 18 de noviembre con el objetivo de buscar una salida al conflicto. “Esperemos que con los equipos técnicos del GRA, Minen, Defensoría podamos llegar a un acuerdo”, expresó Alarcón.
El segundo conflicto, considerado el más antiguo, se mantiene en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, debido a la oposición al proyecto minero Tía María. Según el prefecto, se invitó a los dirigentes del Valle de Tambo a dialogar con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero estos se negaron porque exigieron que las conversaciones se realicen en Cocachacra.
“No puede haber un diálogo si existe una negativa de decir no va la mina, no va la mina, sino concensuar”, manifestó la autoridad.
Otro conflicto se registra en el distrito de Bella Unión, entorno al proyecto Pampa de Pongo, una inversión de capitales chinos orientada a la extracción de hierro.
CONFLICTO EN EL ANEXO CHAUCALLA
El cuarto caso se presenta en el distrito de Toro provincia de La Unión, donde se proyecta la construcción de la hidroeléctrica Hydro OCO 2010, a cargo de una empresa vinculada a Southern.
El proyecto está ubicado en una zona de reserva paisajista y ha generado preocupación entre los pobladores, ya que el anexo de Chaucalla, donde se instalará la obra, figura en el censo como parte de la provincia de Condesuyos, pese a que territorialmente estuvo demarcado como parte del distrito de Toro en la provincia de La Unión.
“Las personas piensen que la construcción de represas cause un desvío del agua, eso se debe trabajar con propiedad y se socialice bien el proyecto”, indicó Alarcón.
Sobre lo mismo, el Gobierno Regional de Arequipa anunció que solicitará al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) un informe actualizado sobre el estado situacional y la viabilidad ambiental del proyecto hidroeléctrico, con el fin de garantizar el respeto a la voluntad de la población y la preservación del entorno natural.
Mientras que el prefecto señaló que hay una predisposición de los alcaldes de La Unión y Condesuyos para definir una demarcación adecuada y recordó que “el 70% de las demarcaciones a nivel nacional no están definidas”.
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