El conflicto de límites desde el 2007 entre los distritos de Bella Unión y Acarí, en la provincia de Caravelí, tendría como trasfondo el canon minero y el control de zonas estratégicas para la explotación de recursos.
Al respecto, el alcalde de Bella Unión, Richard Vega Taipe, explicó que desde el 2023 se ha tratado de defender de manera constante la posición de la jurisdicción en las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno Regional de Arequipa, mientras que el alcalde de Acarí habría tenido escasa participación.
“Resulta extraño que recién ahora, cuando todo está avanzado, aparezca el alcalde de Acarí a reclamar”, señaló Vega Taipe.
SITUACIÓN
Vega detalló que Bella Unión propuso devolver anexos como Vijoto, Santa Teresita, Muncher, Santa Rosa, Acarí Nuevo, Chocavento, Molino hasta La Joya. No obstante, la contrapropuesta de Acarí busca dejar a Bella Unión con solo un 20% de su territorio, expandiendo sus exigencias no solo a anexos como Otapara, Huarato, Machaynilloc y Malco, sino también a zonas mineras de alto interés como Cobre Pampa, Pampa de Pongo y la mitad de la playa Peñuelas, es decir, casi el triple de lo solicitado en un inicio.
El alcalde fue enfático en señalar que este tema no es de población ni cultura, sino estrictamente de intereses mineros. “Aquí lo que se quiere es dejar a Bella Unión reducida a una mínima parte de su territorio, y eso no lo vamos a permitir. Nuestra ley de creación data de 1955 y está inscrita en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”, subrayó.
Asimismo, aclaró que la defensa del territorio no es un capricho personal ni una decisión suya como alcalde, sino que en una reunión realizada en el año 2023 entre autoridades y pobladores de Bella Unión, se tomó el acuerdo firme de defender los límites del distrito frente a cualquier intento de recorte.
Sobre los argumentos de Acarí —que Bella Unión habría nacido de dicho distrito o incluso apelando a tiempos del Tahuantinsuyo—, Vega Taipe precisó que esos planteamientos carecen de validez legal, ya que las delimitaciones actuales se rigen únicamente por las leyes de creación de distritos, y en este caso, la de Bella Unión está plenamente vigente.
Finalmente, remarcó que el Gobierno Regional cumple un rol de mediador en el proceso, pero la responsabilidad de emitir una ley definitiva sobre límites corresponde al Congreso de la República y la PCM. El alcalde también desmintió cualquier acusación de favorecimiento por ser amigo del consejero regional, Aaron Maldonado, enfatizando que todas las decisiones se basan únicamente en lo que establece la ley.
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