La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental inició investigación preliminar por 60 días a quienes resulten responsables por el presunto delito de minería ilegal que se registra en la zona de Dique Quelgua, al margen izquierdo del río Tambo, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay.
Carolina Cáceres Zúñiga, fiscal Provincial de la Fiscalía del Medio Ambiente, ordenó identificar a los responsables del delito que contaminarían directamente al río Tambo.
La denuncia de la explotación minera de manera ilegal fue interpuesta por los consejeros miembros de la Comisión de Energía y Medio Ambiente, Juan Carlos Huanca, Nila Roncalla, luego que el 23 de mayo hicieron una inspección junto a la policía y el propio gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco.
DETALLES
Según la denuncia física, durante la inspección encontraron un andarivel de aproximadamente 8 metros de altura que serviría para trasladar el material y a las personas, para no cruzar el río. Asimismo, en la margen derecha se observó un campamento de material prefabricado de madera, un tanque de agua, una compresora, un generador eléctrico y un “pulmón” para aire comprimido.
Todos los equipos estaban debidamente conectados con una tubería de polietileno, el mismo que ingresaba a un socavón de aproximadamente 3 metros de ancho y alto.
A aproximadamente 400 metros del campamento, en la zona El Carrizal, también se observó un socavón de aproximadamente 15X10 metros de material recientemente extraído desde el socavón. Desde este último punto se había habilitado un camino delgado de aproximadamente 1.30 metros de ancho, a la ladera del río, pero junto a este acceso había una tubería instalada, aparentemente para conducir los cables eléctricos.
El consejero Huanca aseguró que cuando los servidores de la Gerencia de Energía y Minas intentaron acercarse al campamento, a través de un parlante o altavoz, se advirtió que no debían, porque se trataba de una propiedad privada.
Según el legislador regional, durante la inspección no encontraron a trabajadores, porque alguien los habría advertido. La situación fue similar cuando acudieron en noviembre del 2024. Sin embargo, aquella vez, solo observaron un socavón y no había los equipos que en esta última fiscalización encontraron.
La minería ilegal atentaría al valle de Islay, porque el río Tambo abastece de agua a la población y la producción agrícola, consecuentemente, según el consejero, esta actividad ilegal causaría mayor contaminación que el proyecto minero formal y autorizado como Tía María.
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