Los gobernadores que integran la Asociación Nacional de Gobernadores (ANG) exigieron al Congreso de la República derogar la Ley 31876 que consiste en “Regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional” que fue publicada por el presidente del Congreso Alejandro Soto el pasado 21 de setiembre.
El pronunciamiento de las autoridades se realizó este 28 de setiembre en el centro de convenciones de Cerro Juli donde se desarrolla la Convención Minera Perumin 36 y estuvo encabezada por el gobernador de Arequipa Rohel Sánchez, además de sus pares como Gilia Gutiérrez gobernadora de Moquegua, Werner Salcedo gobernador de Cusco, Jorge Pérez gobernador de Lambayeque.
Entre los principales cuestionamientos de las autoridades regionales, es porque la norma señala que no pueden realizar obras por administración directa que superen las 50 UIT o los 247 mil 500 soles.
Rohel Sánchez señaló que la Ley 31876 es trabajada desde el escritorio porque limita la ejecución de obras por administración directa. “Esta ley no va con la realidad de los distritos y provincias porque es allí donde el Estado debe estar presente (...) las obras de salud y educación debe ser realizada por administración directa para promover el trabajo”, expresó.
Por su parte, el gobernador de Cusco Wegner Salcedo, manifestó que la gran cantidad de obras paralizadas en todo el país corresponde a proyectos ejecutados bajo la modalidad de contrata, esto porque se registra aumento de presupuestos, retrasos injustificados, entre otros. “Solo en los proyectos del aeropuerto de Chinchero, hospital regional Lorena, se tiene 2 mil millones de soles paralizado (...) lo que tenemos perjudicado es mano de obra, entre ellos 10 mil trabajadores sin empleo”, exclamó.
En tanto, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, detalló que otra desventaja de las obras por contrata es que la mayoría se encuentran en arbitraje. “La única forma de hacer obras que no significan ganancia son las que se realizan por adjudicación directa”, precisó.
Rohel Sánchez concluyó su participación asegurando que el próximo 5 de octubre los gobernadores regionales junto a los alcaldes distritales y provinciales, se presentarán ante el pleno del Congreso para solicitar la derogatoria de la Ley 31876.
El expresidente de Martín Vizcarra a través de su cuenta de Twitter, señaló que la Ley busca beneficiar a las empresas constructoras y afectará la economía del país, ya que no podrán acceder a trabajos formales.
