El congresista Edwin Martínez Talavera volvió a reiterar la necesidad de declarar en emergencia la provincia de Caravelí, específicamente el asiento minero en Atico, debido a la situación que se vive en este distrito por un conflicto entre labores mineras.
El parlamentario sostuvo que no solamente se trata de un estado de un pedido para declarar el estado de emergencia en la letra, “sino de un estado de emergencia en el que se trabaje por resguardar la seguridad, la integridad de la persona que están dentro del centro minero y a empezar a trabajar el tema de la formalización que pareciera que nadie lo quiere hacer”.
De igual forma, mostró su inconformidad por las demoras en este pedido que se hiciera el 13 de mayo en una reunión sostenida con diversos sectores, además de autoridades de la provincia de Caravelí.
“Hace aproximadamente 10 días tuvimos una reunión, tengo entendido que ya el general (Olguer) Benavides ha hecho el informe técnico que se requiere para hacer la declaratoria de emergencia, pero hasta el momento aún no hay respuesta positiva de parte del Ejecutivo”, expresó.
De otro lado, el parlamentario aseguró que el cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) este año podría empeorar la situación en Caravelí, “me parece perfecto que no haya REINFO, pero en todo caso que desde ya se empiece a trabajar la formalización de la minería artesanal”, dijo.
Precisamente, este proceso se encuentra entrampado pese a la aprobación de noviembre del año pasado de la ampliación de su plazo hasta finales de junio y donde el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aseguró que no habrá una ampliación más allá del 2026.
DEROGATORIA
Mientras que la situación es una incógnita en la provincia de Caravelí con mineros en vías de formalización como protagonistas, este proceso ahora a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) podría entrar en un nuevo capítulo a solo un mes de vencerse el plazo para el cierre del REINFO.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (AGNR) sostuvo una reunión con los representantes de las direcciones regionales de Energía y Minas, así como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), donde se acordó presentar una acción legal para declarar inconstitucional el retiro de las competencias en el proceso de formalización minera.
A través de un pronunciamiento los gobernadores regionales solicitan la derogatoria de la Ley N.º 32213, ley que establece la rectoría y ampliación del plazo del proceso de formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, así como la derogatoria de su reglamento por vulnerar la autonomía de los gobiernos regionales.
“Rechazamos la recentralización de las funciones al recortar competencias a los gobiernos regionales en materia de minería, que atenta contra el Artículo 188 de la Constitución Política del Perú que establece la descentralización como política permanente del Estado y como proceso obligatorio”, se lee en el pronunciamiento de los gobernadores regionales.
Asimismo, en este escrito se exhorta a los gobiernos regionales a no proceder con el proceso de transferencia al Ministerio de Energía y Minas en el marco del proceso de formalización minera, como medida de rechazo.
En este pronunciamiento, los gobernadores aseguran estar de acuerdo con la formalización de la Ley MAPE con enfoque regional.
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