Un informe de la División Regional de Inteligencia de la Policía remitido al Gobierno Regional de Arequipa el 12 de mayo, precisó la existencia de un conflicto desde el 10 de mayo y que tiene como actores a los mineros asentados en la Unidad Minera Calpa.
Se centra en el control del acceso a la zona a través de una tranquera bajo dominio de la Asociación de Reinfos de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (ARMAPE), lo que comenzó con protestas pacíficas y la intervención de la Gerencia Regional de Transportes del Gobierno Regional, entidad que determinó que la vía es de dominio público.
MINERAS
La Policía detalló que la empresa Intigold es propietaria de 17 concesiones mineras que conforman Calpa. En 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente (OEFA) dispuso el alto de las actividades de extracción por faltas administrativas en el proceso de cierre de mina, proceso que debía terminar en 2018. Sin embargo, un año después, OEFA constató que la medida no fue acatada y se impuso la sanción correspondiente. En 2021, el Ministerio de Energía y Minas fiscalizó la zona y constató que la empresa Intigold no trabaja, pero permite el ingreso de mineros informales, usufructuando la concesión pese a haber sido sancionada.
Su gerente general, Rossana Eliza Calmet Guazzotti fue comprendida en un proceso por presuntamente liderar una organización criminal relacionada con la incursión violenta en la zona en junio del 2022 cuando 14 personas murieron en un enfrentamiento.
Armape (Ex Calpa Renace) comenzó sus operaciones en 2015 con autorización de Intigold y a cambio del pago del 15% de las utilidades. Agrupa a unas 5 mil personas.
La Policía ha constatado la existencia de explosivos, armamento y personal contratado, así como la instalación de tranqueras en diversos puntos.
El informe de la Policía también refiere que comercializa mineral en Chala, posiblemente con evasión de impuestos y con guías remisión de empresas formales.
Controla además zonas como Mina Vieja, Cerro Antena y otros.
En la zona minera está operando también la Asociación Puerto Atico Calpa, que respalda las acciones de Armape. En el 2023 invitaron a mineros de Secocha y otras zonas a realizar labores extractivas, pero esto fue impedido por Calpa Renace.
POBLADORES
La Asociación de Vivienda Social Cultura Centro Poblado Calpa Atico, asentada también en ese sector, denunció que desde el mayo no pueden ingresar a la zona. Tienen reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Atico y autorización para asentarse en la zona. Alegan que la pista de ingreso ha sido adjudicada de manera impropia por la Asociación Minera 2 de Diciembre, por lo que les han impedido el paso.
Está además el Frente de Defensa y Desarrollo Integral del Distrito de Atico que quiere ingresar a realizar extracción de mineral en el asiento de Calpa, alegando que son residentes de Atico y que necesitan laborar.
INCUMPLIMIENTOS
En este escenario intervino el Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Gobierno Regional para abordar el problema de la Vía AR 104 y fijó acuerdos con los actores, para evitar que el conflicto se agudice.
Según conoció Correo, se han efectuado al menos 7 reuniones con los involucrados, pero los acuerdos no han sido cumplidos.
Un ejemplo es que en la cita del 24 de marzo, se fijó que en un “plazo de 7 días calendario se establecerá si la vía es pública o privada con la documentación que presentará ARMAPE y los informes que emitirá la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, en caso de ser pública la vía, se retirará la tranquera”, acuerdo que no se cumplió por ARMAPE.
Por lo mismo, el Gobierno Regional, ante la persistencia del conflicto, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros una mesa de trabajo para poder terminar con el pleito.
MINISTROS VEN URGENCIA
El gobernador Rohel Sánchez estará hoy en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en una reunión de urgencia convocada por la PCM y donde estará Energía y Minas, Jorge Montero; el ministro del Interior, Carlos Malaver; el ministro de Transportes, César Sandobal y el representante del alto comisionado para el combate contra la minería ilegal, Rodolfo García.
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