Autoridades de Arequipa fijan cinco meses para acabar con el crimen organizado

Las autoridades regionales se comprometieron a acabar con la delincuencia organizada en la ciudad en un plazo de cinco meses, tal como se dijo en la última reunión de coordinación del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), donde se informó que un equipo especial de investigadores trabaja en el caso.

Estos efectivos trabajarán en la identificación de las zonas donde se ubican los delincuentes y la participación de estos en hechos violentos que han terminado con la vida de varias personas en el último año.

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“Está bien que tengamos a más efectivos policiales patrullando las calles, eso le da al ciudadano una sensación de seguridad; pero esas bandas, el crimen organizado o el sicariato; se tiene que combatir con inteligencia y es por ello que se coordinó con el comandante general de la Policía Nacional, la presencia de este grupo en Arequipa”, informó el gobernador.

Sin embargo, uno de los inconvenientes para meter en la cárcel a estos sospechosos es la ausencia de pruebas que demuestren su participación en los hechos delictivos, tal como lo explicó el presidente de la Corte Superior de Justicia, César de la Cuba; lo que se podrá solucionar con la implementación de un laboratorio especializado en investigación criminalística, que según el gobernador, Rohel Sánchez, será habilitado en breve plazo.

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La Policía también ha indicado que se trabaja en la capacitación de 100 efectivos en metodología de investigación criminal, el uso de tecnologías de información y comunicación vinculadas al tema y otros 14 temas, en una jornada que comenzará el 26 y se prolongará hasta el 13 de marzo.

Simultáneamente, se trabaja también en el fortalecimiento de las Juntas Vecinales, con las que hace unos días se tuvo una reunión de trabajo donde se vio el impulso del patrullaje cívico con la participación de voluntarios o la integración de los diversos comités de taxis de la ciudad.

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Desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se mantiene vigente la intención de comprar 50 camionetas para la Policía Nacional, así como drones, y la asignación del presupuesto para la capacitación de los 100 efectivos de inteligencia y contra la criminalidad organizada, además de seguir apoyando en el traslado hasta la frontera con Bolivia de ciudadanos extranjeros que ingresaron ilegalmente al país, entre otras medidas.

En tanto, se pueden efectuar acciones concretas para empezar a cercar a los sospechosos. Estas tienen que ver con la realización de acciones de control con participación de las municipalidades distritales, la Sunafil y otras instituciones que permitan ver las condiciones en las que se hallan los extranjeros en la ciudad.

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Además, se dará forma al proyecto de ley que permita dejar de lado la inviolabilidad de domicilio con la declaración de un “estado de alerta”, lo que facilitaría la intervención de la PNP en los lugares donde se encuentren los sospechosos.

Tales acciones forman parte del plan elaborado por el CORESEC, que agrupa también a los alcaldes de la región, quienes propusieron en mayoría la declaración de “estado de emergencia” en la ciudad para combatir la delincuencia organizada, situación que es analizada por el Ministerio del Interior.

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