:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
Los dirigentes de las bases mineras de la provincia de Caravelí, en Arequipa, niegan violencia pese a las situaciones conflictivas de la zona, lo que motivó la decisión del gobernador Rohel Sánchez a solicitar la intervención del Estado para frenar la minería informal y evitar tragedias.
En Arequipa se registró el 2 y 3 de junio del 2022 la masacre de 14 mineros artesanales en el distrito de Atico, provincia de Caravelí. Un enfrentamiento que terminó en un desenlace fatal y con 31 personas detenidas.
SE MOVILIZAN
Alrededor de cinco mil mineros pertenecientes a los colectivos Calpa Renace, Calpa Atico y otros grupos se movilizaron el 20 de mayo por las principales calles de la provincia de Caravelí donde negaron que exista cualquier tipo de violencia o actos delictivos dentro y fuera de las bases mineras.
La protesta se realizó en rechazo a la posible declaratoria de estado de emergencia en la zona, una medida que, según manifestaron, atenta contra sus derechos y actividades.
Durante la movilización, los manifestantes acudieron a la Municipalidad Provincial de Caraveli, en donde el alcalde Roberto Soto Rivero emitió un doble discurso.
La autoridad edil señaló públicamente en Caravelí que no solicitará el estado de emergencia. Mientras, en una reunión realizada en Lima con el congresista Edwin Martínez y el general PNP Víctor Zanabria, pidió que se declare en emergencia a la provincia y a las zonas mineras como Calpa Renace.
La marcha se desarrolló de manera pacífica con el resguardo de la Policía, que acompañó el recorrido para garantizar el orden público y proteger los derechos de los manifestantes. Se estima una participación de aproximadamente cinco mil personas.
FRENTE DE DEFENSA
El Frente de Defensa de Atico se pronunció mediante un comunicado que no van a permitir la presencia de personas con armamento de largo alcance en el distrito. Hicieron un llamado a las autoridades a declarar en estado de emergencia e intervención inmediata en Calpa Renace.
Mientras, la base minera Posco Misky, situada en el distrito Mariano Nicolás Valcárcel dela provincia de Camaná, llamaron al diálogo y reflexión a los mineros de la base minera Calpa para solucionar diferencias internas porque también podrían verse perjudicados en el proceso de formalización.
INTERVENCIÓN DEL ESTADO
El gobernador de la región de Arequipa, Rohel Sánchez, solicitó ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la intervención del Estado en la provincia de Caravelí para frenar la minería informal y evitar tragedias, como el marco legal implementado en Pataz en la región La Libertad.
El anuncio se realizó ayer en la III Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), donde participaron representantes de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, juntas vecinales, la Defensoría del Pueblo, así como alcaldes de las provincias de Caylloma y Camaná.
La autoridad de la región de Arequipa señaló que la empresa Intigold Mining opera informalmente con su operador Calpa Renace, vinculada a conflictos donde murieron personas.
El gobernador de Arequipa plantea un control riguroso de ingreso y salida de explosivos, insumos y de la propia producción minera. “Con todo lo que se ha visto en Pataz y con la presencia del Estado con sus diferentes dependencias e instituciones estamos seguros que se va replicar o van hacer que ellos mismos se trasladen a la región de Arequipa, no podemos ceder en lo absoluto” dijo.
SIN VISITA
El gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, Luciano Taco Prado, informó que las autoridades no pueden realizar inspección en Caravelí por que no tienen seguridad debido a los conflictos que se reportan en la zona.
“El año pasado (2024) se hizo el intento de ir. Ponen tranquera y no dejan ingresar hacia las mineras. No tenemos la seguidad para poder ir”, señaló en RPP.
El funcionario advirtió que Caraveli se está convirtiendo en una zona problemática, parecido a lo que ocurre en Pataz. “Como arequipeños que somos no deberíamos permitir que eso suceda en nuestra región. Es necesario poner orden en Caravelí y Secocha”, apuntó.
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