Caso “Los Hijos del Cóndor”: Hasta una semana para pedido fiscal

Fiscal Arturo Valencia Paiva sustentando pedido de prisión preventiva. (Foto: Difusión)

Actualizado el 04/11/2021, 10:47 a.m.

Comenzó ayer(3 de noviembre) la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra 9 de los 25 investigados como sospechosos de integrar la organización criminal “Los Hijos del Cóndor”, entre ellos el gobernador regional Elmer Cáceres Llica. Cerca del medio día se instaló la sesión y se dio paso a sustentación de la medida judicial por parte del fiscal Anticorrupción Arturo Valencia Paiva.

Para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la sesión, el fiscal y los abogados de los detenidos deberán sustentar sus pretenciones. El juez del Sexto Juzgado de investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Arequipa, José Málaga, acordó que las audiencias se desarrollen por las tardes y se extiendan por 3 o 4 horas. No obstante, el viernes los actos comenzarán a las 8:30 horas, porque se revisará la tutela de derecho que solicitó el gobernador al considerar que se vulneraron sus derechos durante las diligencias. Si el debate se alarga, se terminaría la reunión la próxima semana.

Ayer(3 de noviembre), el primero en exponer fue el fiscal Anticorrupción, puesto que la mayoría de los abogados alegó desconocer el caso, ya que asumieron en poco tiempo los casos. Y es que, luego de resolverse la apelación de los procesados a su detención preliminar, los implicados cambiaron de defensores.

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Hipótesis del ministerio

De acuerdo a la tesis fiscal, la organización criminal habría existido desde 2019, cuando Cáceres Llica asumió sus funciones como gobernador regional. “A través del secretismo y/o clandestinidad de reuniones previas a las sesiones de Consejo Regional concertaron con tal de velar por los intereses del gobernador y además de sus funciones de confianza. Buscan en todo momento estos consejeros su propio beneficio acorde con los que tiene el propio líder y demás integrantes (...)”, consideró Valencia Paiva.

En virtud a la información conseguida por el testigo protegido, la hipótesis del Ministerio Público es que “los consejeros captados” elegían a los presidentes del Consejo Regional de Arequipa y hasta se repartían comisiones según convengan días antes de las sesiones oficiales y en presencia de la autoridad regional.

Las reuniones eran en restaurantes, cevicherías, picanterías y en locales de Autodema.

Otro punto consignado en la exposición del acusador y que implica a funcionarios, sería que el entonces gerente de Autodema, Marcelo Córdova, ofreció personalmente y varias veces entregar terrenos al testigo protegido para que lo apoye y desestime la interpelación al que era sometido en el Consejo Regional de Arequipa. Lo mismo hizo con otros representantes de provincias.

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Existen cuadernos de anotaciones

Los terrenos a entregar estaban en las asociaciones Pampas Bayas, Sol Radiante (Caylloma) y 4 de Diciembre (Caravelí), las que se habrían concretado y oficializado la entrega, a nombre de testaferros en una notaría de la ciudad, apuntó el defensor del Estado.

También reveló que existen cuadernos donde se anotaban los nombres de los beneficiarios y que pasaban de mano a mano. Es decir, estuvo en poder del testigo protegido, Cáceres Llica y Richard Calvo Ramos, exgerente de Autodema.

Durante la audiencia, el fiscal Valencia dijo que durante las investigaciones se determinó que el consejero Ronal Veto Bernal Huarca tendría inicialmente el papel de constituyente (de la supuesta organización criminal) junto al gobernador regional, los delegados Tomás AyWuile Ayñayanque Rosas, Jeimy Natividad Flores Quicaña y otros.