“¿Cuál es la diferencia de una organización política de una organización criminal? La diferencia es pues el elemento y la finalidad de la misma, la organización criminal busca concretar uno o más delitos, eso hay que distinguirlo”.
De esta manera, el juez José Malaga, del 6to Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa valoró ayer (24 de noviembre) que existen los suficientes indicios para determinar que Los Hijos del Cóndor sí sería una organización criminal.
Así comenzó la lectura de la resolución para determinar si es que el gobernador Elmer Cáceres Llica, funcionarios y consejeros regionales a quienes se les atribuye los delitos de organización criminal, cohecho activo impropio y cohecho pasivo genérico, quedarán en prisión preventiva por 36 meses. En la sesión tanto el Ministerio Público como los abogados de los imputados presentaron sus argumentos.
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Habría el sustento
El magistrado judicial indicó que los abogados sustentaron que todas las conversaciones y escuchas forman parte de una situación característica de una organización política, lo cual fue corregido por el juez.
“Es costumbre ofrecer porque es parte de la política, es normal. Si nosotros vamos a identificar las conductas políticas de esa manera, estamos en un problema de apreciación. La moral y la ética se han perdido de vista, el ofrecimiento es un delito para que cumplan u omitan una obligación; es un delito. El funcionario público no puede recibir absolutamente nada, porque está impedido y ahí viene el tema de la corrupción, eso de `roba pero hace obras`, no debe entrar jamás”, sentenció el magistrado ayer en la mañana durante la primera parte de la lectura de su resolución.
Horas más tarde argumentó que existen diversos fundamentos para pensar en la actuación de los delitos de cohecho activo impropio y cohecho pasivo genérico con respecto a las “promesas” entrega de dádivas o posiblemente terrenos a los funcionarios y los consejeros regionales.
Sin embargo, aclaró que ese es el criterio de su despacho, por lo que no desestimó que otro Juzgado pueda emitir opinión distinta.
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Detalles de la audiencia
El juez Málaga horas antes de la exposición de sus motivos, dio la oportunidad a cada uno de los imputados a realizar su defensa personal, empezando por Cáceres Llica, quien nuevamente afirmó que no huirá de Arequipa, reiterando que puso como garantía su departamento para llevar esta investigación en libertad.
Se comparó con el presidente Pedro Castillo. “Yo igual que él, lo que hice fue prometer, pero no cumplo”, dijo durante su tiempo de defensa ante el magistrado.
Alegó además que hay gerentes y funcionarios como Marcelo Córdova Monroy (gerente de Copasa y exgerente de Autodema) que tomaron su nombre para los hechos que se investigan.
En tanto, los consejeros Veto Bernal Huarca y Jeymi Natividad Flores Quicaña se quebraron al momento de solicitar la libertad “para no alegarse de sus hijos menores de edad”.
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Oralizaron los audios
Ayer en la tarde se oralizaron los audios que la Fiscalía Anticorrupción presentó como elementos de convicción para determinar los delitos.
En esta parte, el juez aprovechó para responder a los abogados y afirmó que existe la validación de los audios que presentó el Ministerio Público.
Y es que en las conversaciones que transcribió el despacho del fiscal Arturo Valencia, se pudo recoger diversas conversaciones entre el gobernador Elmer Cáceres; el exgerente de Copasa, Marcelo Córdova; su asesor Wilfredo Llayqui; su gerente general, Gregorio Palma, así como Napoleón Ocsa; además de los consejeros regionales Veto Bernal, Jeimy Flores; el dirigente Mario Jacobo, entre otros y en donde se les escucha hablar sobre las presuntas entregas de terrenos de Pampas Bayas, entrega de dinero, ofrecimiento de trabajos para allegados y hasta acuerdos para dejar de fiscalizar al Ejecutivo regional.
En la noche, aproximadamente a las 20:30 horas, el juez suspendió la audiencia para que hoy continúe a partir de las 9:00 horas. Se debe determinar al menos si es que Cáceres Llica recibe o no prisión preventiva.
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Situación de los ausentes
Con respecto al presidente del Consejo Regional de Arequipa, Santiago Neyra Almenara; los representantes de La Unión y Condesuyos, Richard Cervantes, Tomás Wuile Ayñayanque Rosas, respectivamente; así como el jefe de la oficina de Ordenamiento Territorial y asesor del gobernador, Edwin Esquivel Alcamora, precisó que tienen orden de captura y son buscados por la Policía Nacional en todo el país.
De ser detenidos, ellos deberán primero estar en detención preliminar para posteriormente determinar si es que les solicitan prisión preventiva.