Edy Leva Cascamayta, juez Unipersonal Supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, instaló el juicio oral por colusión en contra del exalcalde de la provincia de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada y 5 exfuncionarios.
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El Ministerio Público los acusa de haberse coludido con el responsable del consorcio GR Arquitectos para entregarle la buena pro del Proyecto de Inversión Pública, “Mejoramiento y desarrollo de capacidades institucionales para el ordenamiento territorial de la provincia de Arequipa”.
Los exfuncionarios municipales Angel Manrique Chávez (Sub Gerente de Asentamientos Humanos y Presidente del comité especial ad hoc), Pedro Valdivia Salas (Sub Gerente de Logística e integrante del comité especial ad hoc), Carlos Alberto Perea Barreda (Miembro del comité especial ad hoc), Luis Begazo Burga (Gerente de asesoría jurídica), Carlos Moya Castro (Gerente de Desarrollo Urbano) y Raúl Gallegos Velgara (Supervisor) son acusados de ser los autores del delito de colusión y en calidad de cómplice primario fue acusado el ciudadano español, Juan Carlos García de los Reyes, representante del consorcio GR Arquitectos.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los acusados intervinieron de marzo del 2011 a agosto del 2013 en la realización y ejecución del proyecto de inversión pública, concertando con García de los Reyes para que ejecute el proyecto que contempla la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), instrumentos que rigen el desarrollo sostenible de las ciudades.
El magistrado está solicitando 6 años de pena privativa de la libertad para los acusados y 5 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Mientras, la Procuraduría, pidió el pago de una reparación civil de un millón 750 mil 240 soles.
CONCLUSION ANTICIPADA
En la primera audiencia, el acusado Ángel Manrique Chávez, se declaró autor de los hechos imputados por la fiscalía, acogiéndose a la figura de confesión sincera que le permitió, en el acto, definir su situación legal y ser sentenciado a 4 años de pena suspendida por 209 jornadas de trabajo y al pago de una reparación civil de 109 mil soles. La defensa apeló al delicado estado de salud del imputado.
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