En la región de Arequipa, la realidad que enfrentan los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que laboran en las comisarías parece sacada de una crónica de abandono. Al menos ello se advierte en un reporte preliminar emitido por la Contraloría sobre las condiciones en las que laboran para hacer frente a la criminalidad.
La Contraloría General inició ayer el operativo nacional denominado “Comisarías Básicas PNP 2025” con la finalidad de determinar las condiciones de infraestructura, equipamiento, sistema de atención de denuncias y otros servicios que se brindan en 466 dependencias policiales del país; según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en Arequipa hay 101 comisarías y de ellas 16 están siendo evaluadas por el órgano de control tanto en la ciudad como en provincias.
“Con este operativo vamos a hacer un diagnóstico para informar a las autoridades correspondientes y al Congreso la realidad de las comisarías. Hay que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro si queremos combatir la delincuencia. Tenemos que tener capacidad de respuesta y de prevención”, indicó el contralor César Aguilar Surichaqui.
Malas condiciones. La inspección se lleva a cabo en las comisarías de Palacio Viejo, Santa Marta, Ciudad Mi Trabajo, Mollendo, Matarani en Islay, El Pedregal en Caylloma, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Cerro Colorado, entre otras que forman parte de la línea base de defensa y atención más cercana que tiene la ciudadanía frente al delito.
Lo que se ha detectado en el primer día de la actividad son patrulleros inoperativos por falta de mantenimiento, chalecos antibalas en pésimo estado y antiguos que pondrían en riesgo la integridad de los agentes, como los hallados en la comisaría de Ciudad Mi Trabajo, en Socabaya. También hay una inadecuada dotación policial, equipos de cómputo obsoletos, entre otras deficiencias que debilitan a la fuerza policial. Semanas atrás ya se había advertido sobre las deficiencias que afecta el desempeño de los policías, quienes tienen que responder ante la criminalidad con recursos que no están a la altura de las circunstancias.
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