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La falta de claridad en las denuncias asentadas en las comisarías, el incumplimiento de las medidas de protección, la ausencia de consideración de los fiscales como valor probatorio a los informes emitidos por los CEM, son solo algunas dificultades que la Defensoría del Pueblo encontró en la supervisión a las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres.
OBSTÁCULOS. Los juzgados de familia que reciben directamente las denuncias de violencia no cumplían los plazos para derivarlos a las fiscalías penales, pues casi la mitad, el 48% de las fiscalías penales dijeron que los expedientes llegaban fuera del plazo.
Para la protección de la víctima, solo el 43% de las fiscalías provinciales penales remite los procesos en el plazo de 24 horas a los juzgados de familia, pero un 30% demora entre 2 y 5 días en derivar los casos y el 7% tardan hasta más de 5 días.
En cuanto a los casos derivados de las comisarías, el 57% de las fiscalías aseguran que el informe policial no tenía una descripción clara de los hechos denunciados y otro, el 20%, asevera que hay demora en la comunicación de un presunto delito.
La Defensoría advierte que al menos el 60% de los despachos recibieron el pedido de los juzgados de familia para que se empiece un proceso penal por incumplimiento de medidas de protección.
Además, el 31% de los fiscales no otorgan como valor probatorio a los informes emitidos por los centros de emergencia mujer (CEM), al considerar que nos son elaborados por los peritos de Medicina Legal.