Dirigentes desoyen sentencia judicial

En febrero de 2014, el Juzgado Unipersonal de Islay responsabilizó del bloqueo de la carretera Panamericana Sur a seis dirigentes del Valle de Tambo, quienes protestaban en contra del proyecto minero Tía María. Fueron sentenciados a 4 años de cárcel suspendida (3 años) y al pago de 20 mil soles al Estado.

Entre este grupo de dirigentes se encontraban Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz Gallegos, hoy alcalde de Dean Valdivia . Ambos, nuevamente lideran las protestas contra la minera.

Pero la sentencia no menguó los ánimos de los dirigentes que desafían a la autoridad y repiten la hazaña, al dirigir las protestas que ya llevan 15 días en el valle de Tambo.

Sentencia. La sentencia obliga a los dirigentes a cumplir reglas de conducta, entre ellas está acudir al juzgado a firmar su asistencia, no ausentarse del lugar donde residen sin autorización del juzgado y reparar el daño ocasionado con el pago de la reparación civil.

La fiscal del caso, Yesit Zevallos Arias, señaló que además los dirigentes deben cumplir con las reglas de conducta o de lo contrario la pena suspendida podría ser revocada a efectiva. 

La sentencia fue apelada en setiembre de 2014 (se ve en la Corte Suprema) “Mientras no esté consentida no puede ejecutarse”, dijo.

PEdido. Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia, señaló a la Fiscalía como la encargada de solicitar la pena efectiva, una vez que el fallo sea consentido en todos sus extremos.

No obstante, si al final se comprueba que existió dolo en los actos, podría ser retirado del cargo de autoridad.

Cumplimiento. El general PNP Enrique Blanco, jefe de la Región Policial Arequipa, explicó que el Ministerio Público es el encargado de pedir el levantamiento de la libertad con restricción y solicitar las debidas medidas de orden y seguridad.

Indicó que a la fecha mil 500 policías resguardan la zona de conflictos y serán relevados dentro de 29 días, de acuerdo a los establecido.

Además, ratificó que durante la protesta se recibieron denuncias de cobro de cupos a las personas que se niegan apoyar el paro.