La detención preliminar en casos de no flagrancia, permitía a los fiscales recabar las pruebas o los llamados elementos de convicción, pero con la Ley 32181, no solo se elimina una de las vitales herramientas que tenía la Fiscalía, sino también, en opinión del docente en Derecho Procesal Penal de la Universidad San Pablo, Carlos Mogrovejo, debilita o destroza el Código Penal Procesal Penal.
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El doctor en derecho, indicó que al Perú le costó millones de soles y varios años en implementar el Nuevo Código Procesal Penal a través del D.L. N°957, porque fue elaborado en base a los derechos constitucionales de las personas y el seguimiento del debido proceso, luego de mantener un sistema inquisitivo arbitrario.
“La Fiscalía tiene dos roles: perseguir y defender los derechos. El fiscal se convierte en una garantía de derecho para los ciudadanos. El Congreso se trajo abajo un sistema procesal acusatorio, lo están haciendo poco a poco. Están quitando las herramientas coercitivas”, dijo ayer a Correo, en referencia a las últimas modificaciones del Código Penal que aprobó el Legislativo.
Esta exclusión de la detención preliminar, tiene varios riesgos, como dar tiempo al investigado de eliminar las pruebas, de fugar. En consecuencia, la Fiscalía tiene dos caminos: encontrar al presunto delincuente de abuso sexual, robo, extorsión, homicidio, feminicidio y todos los delitos en flagrancia para solicitar su detención preliminar de 72 horas o solicitar la prisión preventiva de más de 6 meses, según la complejidad del caso.
Sin embargo, se estima que solo uno de cada 10 procesados es detenido en flagrancia, considerando que los delitos se cometen de manera clandestina, bajo la sombra. Mientras que, para pedir la prisión preventiva, se debe contar con las pruebas necesarias, además de cumplir otros requisitos que el juez acepte y este tiempo sirva para recaudar las evidencias, realizar peritajes y más.
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